Con el fin de evitar que perfiles sin ningún tipo de preparación en la materia, lleguen al Congreso del Estado de Puebla; diversas agrupaciones civiles han propuesto una reforma a la Constitución de Puebla, que han decidido llamar “Ley Salvatori” que sirva para establecer requisitos mínimos para poder fungir como diputados o diputadas de la entidad.
Algunos de los requisitos propuestos son que los interesados e interesadas a ocupar dicho cargo, se acrediten con estudios jurídicos universitarios, titulo y cedula profesional como abogados; pues mencionan que prácticamente en la actualidad no existen ningún tipo de filtros para fungir como legislador, resultando en la proliferación de “todo tipo de personajes” en las cámaras.
Por ese motivo, integrantes de las agrupaciones Causa Común y de Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público propuso desde el pasado 23 de junio, una reforma al artículo 36 de la Constitución del Estado; que tendría como finalidad cerrarle el paso a futuros aspirantes que pretendan participar en las elecciones del 2027 sin ningún tipo de conocimiento en el ámbito.
Y es que actualmente, dicho artículo solo menciona que para ser diputado de la entidad, se cumpla con el requisito de ser vecino del Estado de Puebla, tener 18 años cumplidos y saber leer y escribir; por lo que prácticamente no existen filtros para ser legislador en la Entidad.
La reforma planteada propone una adición que estipule como requisito constitucional, que quien desee ser diputado en la entidad, acredite estudios jurídicos universitarios, título y cédula profesional como abogado.
Todo esto, como resultado de la polémica que protagonizaron las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, quienes participaron en un podcast y denostaron a los adultos mayores al mencionar que “olían a baúl viejo” y “que ya se estaban pudriendo”.
De cualquier manera, Nayeli Salvatori; ya había protagonizado con anterioridad otras controversias; inclusive antes de ser candidata de Morena a diputada federal en las elecciones de 2018; pues fue denunciada ante el consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion por haber engañado y hostigado a una mujer víctima de violencia doméstica para hacer una supuesta broma durante su programa de radio.