El proyecto de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales proponen una reconfiguración profunda en la forma en que se heredan, registran y regularizan los títulos de agua en el país. El dictamen elimina la transmisión de concesiones entre particulares y establece un esquema de “reasignaciones” administradas directamente por la Autoridad del Agua. También incluye disposiciones específicas para sucesiones, transmisiones de propiedad y la regularización de pozos.
La propuesta expide la Ley General de Aguas como reglamentaria del artículo 4 constitucional, que garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento. Además, precisa que el suministro para uso personal y doméstico debe ser suficiente, salubre y asequible, por lo que distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno para asegurar su cumplimiento.
Uno de los puntos más controvertidos se encuentra en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, donde se añade la frase: “Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”. Con ello, se elimina la compraventa de títulos entre particulares y se plantea que cualquier ajuste en los volúmenes de agua deberá realizarse exclusivamente mediante procesos de “reasignación”.
El dictamen será discutido este miércoles en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y el jueves se espera su presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados. El proyecto contempla al menos 50 modificaciones esenciales respecto al documento original enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con legisladores involucrados, estos cambios buscan atender inquietudes del sector agrícola, particularmente en temas como la herencia de los títulos de concesión y el uso agropecuario del agua.
