La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las acusaciones lanzadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa—, señaladas por presunto lavado de dinero en beneficio de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum advirtió que no existe evidencia sólida que respalde los señalamientos.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, dijo la mandataria, quien afirmó que ni la Secretaría de Hacienda ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han recibido documentos que comprueben actos ilícitos por parte de estas instituciones. “Si hay pruebas, se actúa; si no hay pruebas, no se puede proceder”, reiteró.
Sheinbaum Pardo recordó el caso del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos por cargos similares, pero liberado poco después por falta de pruebas. Utilizó este antecedente para subrayar la necesidad de actuar con evidencia comprobable y no con sospechas.
Las declaraciones de la presidenta llegan luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) incluyera a CIBanco, Intercam y Vector en su lista de “fuentes de preocupación principal” por presuntamente facilitar transferencias relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas. Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro implican restricciones para las transacciones internacionales entre estas instituciones y bancos estadounidenses.
De acuerdo con FinCEN, CIBanco habría gestionado pagos a empresas mexicanas para la compra de precursores químicos en China. Intercam fue vinculado con operaciones de repatriación de fondos, mientras que Vector fue señalado por supuestamente estar relacionado con sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por más de 40 millones de dólares.
Las instituciones aludidas rechazaron las acusaciones. Vector señaló que en 50 años de operaciones ha cumplido con todas las regulaciones financieras y que las transacciones observadas correspondían a operaciones legales con empresas constituidas. Intercam negó vínculos con actividades ilícitas y afirmó que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales contra el lavado de dinero. CIBanco, por su parte, aseguró que no existen elementos que comprometan su operación y que sus actividades son auditadas permanentemente por autoridades mexicanas.
La Secretaría de Hacienda informó que ya se solicitó formalmente al gobierno estadounidense que entregue información probatoria. En respuesta a los señalamientos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión a las tres entidades, encontrando únicamente faltas administrativas, por las cuales se impusieron sanciones económicas que suman 134 millones de pesos.
“No obstante, estas transacciones señaladas se dan entre empresas chinas y mexicanas legalmente establecidas, y se realizan por miles cada día”, explicó Sheinbaum. “El comercio entre ambos países asciende a 139 mil millones de dólares anuales. No se puede asumir que cada transferencia es evidencia de un delito”.
Según la UIF, se detectaron transacciones entre empresas mexicanas y compañías chinas a través de al menos diez instituciones financieras, sin que ello implicara irregularidades penales. La investigación concluyó que las operaciones observadas no constituyen, por sí mismas, actos de lavado de dinero.
La presidenta insistió en que su gobierno no encubrirá a nadie y actuará conforme a la ley, pero subrayó que no puede haber persecución ni castigo sin pruebas claras. Reiteró que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en temas financieros y de seguridad, pero con base en el respeto a la soberanía y sin subordinación.
Actualmente, una nueva legislación nacional para el combate al lavado de dinero fue aprobada por el Senado y se encuentra en revisión por la Cámara de Diputados. Sheinbaum afirmó que su gobierno seguirá fortaleciendo el sistema financiero nacional, pero que no permitirá juicios ni condenas sin sustento legal.
