Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde morenista de este municipio costero, fue detenido momentáneamente en la garita de San Luis Río Colorado el pasado martes 10 de junio de 2025. Intentaba ingresar a territorio estadounidense cuando, durante la revisión de rutina, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le notificaron que su visa de turista quedaba cancelada.
Lo acompañaban su esposa y su hijo. A ellos también se les habría retirado el documento migratorio.
Hasta ahora, ni el presidente municipal ni el gobierno local han emitido declaración pública. Tampoco ha habido posicionamiento oficial por parte de las autoridades estatales de Sonora ni del gobierno federal mexicano.
De acuerdo con reportes difundidos por medios como La Jornada, funcionarios estadounidenses aseguraron que la medida forma parte de una investigación en curso relacionada directamente con el edil, sin que se precisaran detalles sobre la naturaleza de las indagatorias. No se ha informado si esta acción implica procesos judiciales o sanciones adicionales.
Hay versiones encontradas sobre la fecha y el lugar exacto del incidente. Mientras algunas fuentes señalan que el hecho ocurrió el martes 10 de junio en San Luis Río Colorado, el diario Excélsior reportó que la revocación fue notificada desde el viernes 6 de junio, en la garita de Lukeville, Arizona.
Castro Castro, médico cirujano de profesión y de 45 años de edad, asumió la presidencia municipal en 2024 tras ser postulado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Sonora, integrada por Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y PES. Previamente, fue coordinador de salud municipal, director del ISSSTE en Sonora y fundador de una clínica privada.
En mayo pasado, ante rumores similares sobre su visa, el alcalde publicó un video en redes sociales donde negó rotundamente estar bajo investigación. “Es una mentira que estoy por perder mi visa”, afirmó entonces, atribuyendo la versión a una “campaña sucia” en su contra. Desde entonces no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.
Este sería el segundo caso reciente de revocación de visa a un funcionario vinculado con Morena. En mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, también perdieron el acceso a Estados Unidos. En ese caso, medios estadounidenses reportaron una indagatoria por presuntos vínculos del esposo con una red de robo de combustibles.
El mismo jueves en que se reportó lo ocurrido con Castro Castro, se conoció también la cancelación de visa a Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, por haber publicado una imagen de las protestas migrantes en Los Ángeles acompañada de comentarios insultantes hacia el gobierno estadounidense.
El exembajador Christopher Landau, actual subsecretario de Estado, confirmó la medida a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), y agregó que “quienes glorifican la violencia y desafían al orden público no son bienvenidos en Estados Unidos”. Más tarde, aclaró que la morenista no tenía una visa vigente, por lo que no se trató de una revocación formal.
En medio de estas acciones, ha trascendido que la embajada de Estados Unidos en México revisa redes sociales como parte de sus filtros de seguridad, una práctica confirmada anteriormente por funcionarios consulares. Hasta el momento, no se ha aclarado si existe una lista formal de funcionarios en observación, aunque fuentes diplomáticas citadas por agencias como Reuters señalan que el gobierno estadounidense ha solicitado a México actuar contra al menos cinco perfiles públicos vinculados a presuntos hechos de corrupción o redes delictivas.
Puerto Peñasco, por su cercanía geográfica y su vocación turística, mantiene una relación constante con el estado de Arizona. La revocación de la visa de su alcalde podría tener repercusiones en las actividades binacionales y en la agenda diplomática local, aunque por ahora el caso permanece sin aclaración oficial.
