Existe un refrán que dice: «el que calla, otorga». Por lo mismo, hay algunos silencios que son peligrosos. En ciertos momentos, es mejor hablar claro. Como diría María Amparo Casar: hay que “poner los puntos sobre las íes”. Que se transparente la información y que se hagan los deslindes necesarios. O como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hay que hacer más pública la vida pública”.
Por ello, a mí me ha resultado muy preocupante el silencio de dos personas. Por un lado, el propio presidente López Obrador. Y, por el otro, la candidata Claudia Sheinbaum, que puede estar, según muchas encuestas, a menos de tres semanas de convertirse en la presidenta electa de México.
Hasta donde he podido averiguar, ninguno de los dos ha dicho nada acerca del escándalo de presiones ilegales en el Poder Judicial que se reabrió la semana pasada en contra del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, un hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador, y que ahora, no sólo forma parte del equipo de Sheinbaum, sino que es el encargado del proyecto de la Reforma Judicial que la candidata buscaría implementar si llega a Palacio Nacional el próximo 1 de octubre.
Me gustaría pensar que el silencio que ambos han guardado es el silencio de la mesura y el análisis. Y no el silencio de la anuencia, de la complicidad y, mucho menos, el silencio de la corrupción.
Cabe recordar que el exministro Arturo Zaldívar lleva años siendo cuestionado por la manera que tuvo de conducirse al frente de la Suprema Corte. A lo largo del sexenio, era muy común que se reuniera en privado con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Aunque cuestionable, esto no hubiera sido tan grave ni hubiera levantado tantas sospechas, pero el problema es que Zaldívar votó de manera consistente a favor de los intereses del Poder Ejecutivo.
Después, intentó extender su mandato en la Suprema Corte para implementar la Reforma Judicial propuesta por el presidente, quien confesó que, con Zaldívar, intervenía respetuosamente en la Corte. Nadie sabe exactamente qué quiere decir esto, pero no suena nada bien en un país como el nuestro, donde, en teoría, existe la autonomía de poderes.
Este problema escaló el pasado 9 de abril, cuando el Consejo de la Judicatura recibió una denuncia anónima en que se señalaba a Zaldívar de extorsionar y presionar a jueces y magistrados para que resolvieran en favor de los intereses de Palacio Nacional. Existe otra acusación, llevada a cabo por la magistrada Elba Sánchez Pozos, a quien entrevisté en este programa.
Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente, la semana pasada el magistrado Alberto Roldán reveló unos audios en los que presuntamente recibió presiones por Carlos Alpízar, ex secretario del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Zaldívar, para proteger a Frida Martínez Zamora, quien fue secretaria general de la Policía Federal, y que está acusada, junto con 18 funcionarios, de un desvío de dos mil 500 millones de pesos.
Según la versión de Alberto Roldán, a quien entrevistaré en unos momentos más, se escondió una grabadora para asistir al piso 14 de la Judicatura a reunirse con Carlos Alpízar. En un inicio, se le intentó persuadir de manera amable. Poco a poco, las presiones fueron subiendo de tono, hasta que amenazaron de manera velada a su familia y, finalmente, lo cambiaron de adscripción en represalia por no haber cedido.
Son muchas las acusaciones contra Zaldívar. Como todas se parecen entre sí, hacen pensar en un modus operandi.
De hecho, diversas investigaciones periodísticas señalan que, en realidad, Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar, quien, por cierto, hoy trabaja en la Secretaría de Gobernación, respondían a los intereses de Palacio Nacional.
Según estas versiones, los dos formaban parte de la llamada Mesa de Judicialización, un grupo de trabajo que se reunía en Palacio Nacional y que estaba conformado por políticos del más alto nivel: representantes de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública, del fiscal general, del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia.
El supuesto objetivo de este grupo era manipular al Poder Judicial para favorecer de manera ilegal los intereses del Poder Ejecutivo. El periodista Raymundo Riva Palacio ha señalado que por esta mesa pasaron los casos del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, de Rosario Robles (Secretaria de Desarrollo Agrario) e, incluso, el proceso de Ayotzinapa, entre muchos otros.
Zaldívar ha negado las acusaciones y ha señalado que se tratan de un complot electoral en su contra orquestado por la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Habrá que esperar a ver qué dicen las investigaciones que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, de cara a estos hechos, yo me pregunto, ¿en qué están pensando el presidente y la candidata al no decir nada sobre este escándalo? Parece que han decidido ignorar que la corrupción en la Suprema Corte no es sería un problema de Zaldívar y sus colaboradores. Sería un problema de todo el país. Cuando la máxima autoridad judicial se corrompe, se corrompe la justicia. Y sin justicia, no hay democracia.
Además, todos coincidimos en que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Pero la idea sería limpiarlo de corrupción, hacer más transparente su funcionamiento y garantizar el acceso a la justicia. Y, con su silencio, podría pensarse que buscan favorecer los compadrazgos, los pactos en la oscuridad y la sumisión total al señor presidente… O, tal vez, a la señora presidenta…
Yo soy Adela Micha.
