Después de 167 años, una voz indígena volverá a ocupar uno de los cargos más altos dentro del gobierno mexicano. Y es que, al mero estilo de Benito Juárez, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz promete llevar la voz de los menos escuchados a los más altos tribunales del país.
Tal y como en su momento lo hizo el presidente zapoteco nacido en Guelatao, hoy Aguilar encabeza una transformación judicial sin precedentes, pero no exenta de tensiones.
A sus 51 años, Hugo Aguilar Ortiz está a punto de convertirse en el primer presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su llegada ocurre tras la elección judicial del primero de junio, en la que más de 2.4 millones de ciudadanos votaron por su candidatura, colocándolo como el aspirante más respaldado del proceso.
Originario de San Miguel el Grande, una comunidad enclavada en la región mixteca de Oaxaca, Aguilar Ortiz se formó como abogado en la Universidad Autónoma Benito Juárez, donde también cursó una maestría en Derecho Constitucional. Su vida profesional inició en los años noventa como defensor legal de comunidades indígenas y asesor en conflictos agrarios, territoriales y político-electorales.
Desde entonces, ha participado en procesos clave del constitucionalismo indígena. Contribuyó a las propuestas que derivaron en la reforma al artículo 2º constitucional en 2001 y fue parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los Diálogos de San Andrés.
Trabajó en la Procuraduría para la Defensa del Indígena y representó a pueblos originarios ante la Corte y tribunales federales. Su recorrido institucional lo llevó a ocupar cargos en el gobierno de Oaxaca, primero como subsecretario de Derechos Indígenas y luego como director de Sistemas Normativos Indígenas en el Instituto Estatal Electoral.
Con la llegada del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos, cargo que ha ocupado desde 2018.
Fue en esa posición donde coordinó las consultas para el desarrollo de los megaproyectos prioritarios del sexenio lopezobradorista: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, etapa laboral que hoy se encuentra bajo el escrutinio público.
Mientras su triunfo en la elección judicial fue celebrado por sectores afines al gobierno de la Cuarta Transformación, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, en Oaxaca el activista mixe Joaquín Galván sostiene que Aguilar Ortiz es un abogado brillantísimo, pero ha operado en favor del Estado y no de los pueblos, particularmente en la imposición de los megaproyectos de AMLO.
A las críticas se suma una denuncia aún más delicada: el presunto intento de encubrimiento de acoso sexual dentro del INPI. Joaquín Galván publicó en redes sociales que su compañera Sandra Domínguez fue contactada por un abogado del equipo jurídico encabezado por Aguilar, quien le ofreció un cheque en blanco para silenciar su denuncia contra Rolando Vázquez Pérez, entonces jefe de plazas del INPI. Aunque el funcionario fue destituido, no hubo mayores sanciones para ninguno de los otros presuntos implicados.
Durante su campaña, Hugo recorrió comunidades y asambleas sin formalismos. Fue el aspirante número 34 en la boleta morada y su lema ya nos toca apeló directamente a las voces que nunca han tenido representación en la Corte. Su propuesta de justicia fue plural, comunitaria, con perspectiva de género y medioambiental. Aseguró también que, de llegar a la Corte, no usaría toga, sino vestimenta tradicional de los pueblos indígenas a manera de simbolismo.
En sus escasas apariciones públicas, Aguilar Ortiz también ha sido enfático en que su papel en la Corte será el de un ministro fiel, combativo y honesto, basando su proyecto en siete ejes: justicia pluricultural, cercana al pueblo, con igualdad sustantiva, enfoque intercultural, ambiental, humanista y real. Incluso ha prometido no callarse ni adaptarse al silencio de las élites, además de no traicionar las causas que lo llevaron a construir su carrera.
Hugo estaría rindiendo protesta ante el Senado el próximo 1 de septiembre, siendo el mismo día cuando asuma la presidencia del Pleno de la Suprema Corte.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la nueva reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, la presidencia de la Corte será rotativa cada dos años, siendo Aguilar Ortiz el primero que opere bajo dicho esquema, mientras la sucesora proyectada sería Lenia Batres, quien obtuvo la segunda mayor cantidad de votos en esta primera e histórica elección judicial.
