Avala Congreso desaparición del Coneval; oposición advierte retroceso
En el arranque del periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un organismo autónomo clave en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales en México. Las funciones del consejo serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), conforme a la reforma impulsada por el oficialismo y sus aliados.
Con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, el dictamen fue aprobado en lo general el domingo 23 de junio. Posteriormente, en la votación en lo particular, 348 legisladores respaldaron la reforma, mientras que 132 se manifestaron en contra. La iniciativa había sido presentada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del proceso de simplificación administrativa propuesto en la reforma constitucional avalada en diciembre de 2024.
El Coneval, creado en 2005, tenía como misión central medir de manera técnica, independiente y objetiva la pobreza en el país, así como evaluar el impacto de la política social implementada por gobiernos locales y federal. Su extinción representa, para la oposición, una pérdida significativa de contrapeso institucional, mientras que para la mayoría oficialista constituye una medida de racionalidad presupuestaria.
INEGI asumirá funciones de evaluación y medición de pobreza
La nueva legislación estipula que el INEGI será ahora responsable de emitir lineamientos y criterios técnicos para la medición de la pobreza, garantizar la continuidad de las series históricas de datos y evaluar de forma integral la política social federal. Además, el instituto deberá publicar informes anuales, promover la consulta con sectores sociales y gubernamentales, y coordinar acciones con instancias estatales y municipales.
El dictamen también reforma las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la de Contabilidad Gubernamental. El nuevo modelo centraliza en el INEGI y en la Secretaría de Hacienda las funciones que antes ejercía el Coneval en cuanto al seguimiento, evaluación y control presupuestario de programas sociales.
De acuerdo con los artículos transitorios, al entrar en vigor el decreto, el Coneval quedará formalmente extinguido. Sus recursos presupuestales, materiales y humanos serán transferidos al INEGI, que podrá contratar al personal que considere necesario, de acuerdo con su estructura y disponibilidad.
Críticas por retroceso en transparencia y evaluación
Durante la sesión, el bloque opositor expresó su rechazo a la reforma. La diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera, advirtió que el INEGI y el Coneval tenían funciones complementarias, no intercambiables, y que eliminar al segundo “atenta contra la evaluación técnica y objetiva de la pobreza en México”.
Desde el PAN, el legislador Diego Rodríguez Barroso afirmó que la reforma significa “un retroceso en la rendición de cuentas y la transparencia”, pues el INEGI no fue creado para emitir juicios de desempeño gubernamental, sino para producir datos. Añadió que “el gobierno evaluará sus propios programas”, eliminando así un contrapeso técnico clave.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Salas, alertó que se busca manipular cifras a modo, eliminando un organismo especializado e independiente. “Es un gatopardismo… cambiar todo para que todo siga igual”, señaló.
Morena justifica desaparición por “eficiencia” y “austeridad”
Desde el oficialismo, la diputada Antares Vázquez Alatorre defendió la desaparición del Coneval argumentando que el organismo había distorsionado cifras, particularmente en el rubro de salud. Citó como ejemplo que el Coneval aseguró que más de 55 millones de personas habían quedado sin derechohabiencia tras la eliminación del Seguro Popular, lo cual calificó como una “mentira”.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la reforma permitirá “simplificar trámites, digitalizar servicios, reducir costos y crear entornos más atractivos para la inversión y el empleo”. En su discurso, afirmó que “la evaluación no desaparece, se democratiza”.
Desde el Partido del Trabajo, el diputado Francisco Amadeo Espinosa sostuvo que esta reforma busca evitar duplicidades y despilfarros, y negó que se tratara de una “venganza política”.
Moreira denuncia “emboscada legislativa” y anuncia impugnación
Uno de los posicionamientos más duros fue el del coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, quien denunció que el periodo extraordinario se ha convertido en “una emboscada legislativa” para desmantelar instituciones democráticas. Acusó que el oficialismo impulsa reformas “al vapor, sin dictamen riguroso ni debate plural” y anunció que su partido acudirá a instancias internacionales para impugnar las reformas.
“Estamos ante un gobierno orwelliano… en lugar de combatir al crimen, van a perseguir a los ciudadanos”, dijo, al criticar también las otras reformas en seguridad, telecomunicaciones y control biométrico aprobadas en el mismo periodo.
Finalmente, Moreira sostuvo que la participación ciudadana en la reciente consulta sobre la Suprema Corte “fue mínima, con votos nulos y recuadros vacíos”, y acusó al gobierno de querer imponer un “régimen totalitario por la vía legislativa”.
