La polémica Reforma Judicial fue uno de los tantos males impuestos en México por el gobierno de la autodenominada cuarta transformación durante la gestión del ex-presidente Andrés Manuel López Obrador pues fue uno de sus caprichos que impulsó y que finalmente logró poner en vigor en septiembre del 2024.
La Reforma Judicial consiste prácticamente en la modificación constitucional a través de la cual ministros, magistrados y jueces del país fueron destituidos de sus cargos para ser electos por voto popular.
La infame Reforma Judicial generó una amplia discusión pública donde se abordaron todos los ángulos posibles sobre los beneficios o inconvenientes de implementar dicha reforma, sin embargo la mayoría de expertos, analistas y organizaciones coincidían en que la Reforma al Poder Judicial provocaría más problemas, de los que resolvería.
Y ante la desafortunada aprobación de la Reforma Judicial, un grupo de diversos jueces y magistrados federales demandaron al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su contra tras la aprobación de esta Reforma, la petición fue impulsada por el litigante Cyrus R. Vance quién representó a los juzgadores ante la CIDH y argumentó que la Reforma afectó directamente a los juzgadores pues vulnero sus principios fundamentales.
También destacó la acusación presentada en la demanda, de que altos funcionarios del Poder Ejecutivo acusaron públicamente a jueces de corrupción y otras faltas sin presentar pruebas o seguir el debido proceso; profundizando la desconfianza pública en el Poder Judicial.
Recordemos que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, supervisando y atendiendo las peticiones tanto individuales como grupales de sus miembros.
Ahora la CIDH ha admitido oficialmente la demanda presentada y remitido la petición al gobierno federal, estableciendo un plazo de tres meses para que la Secretaría de Relaciones Exteriores presente sus observaciones.
Y aunque la Reforma Judicial ya está en pleno funcionamiento y ejecución, esta demanda no busca suspender o retirar sus efectos, sino que las personas afectadas reciban una “reparación integral por la violacion de sus derechos humanos” y fortalecer la independencia judicial del Sistema Interamericano para el futuro.
Finalmente ahora la CIDH comenzará el proceso de verificación y evaluación de los alegatos presentados para emitir recomendaciones al Estado Mexicano sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas, realizar investigaciones y en su caso, ordenar reparaciones.
