El caso de María Felicia Jiménez Lavie, doctora en ingeniería física nuclear, generó amplia atención pública tras la difusión de un video en el que denuncia agresiones físicas presuntamente cometidas por su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, al interior de su domicilio y frente a su hijo menor. Las imágenes, que circularon en redes sociales, detonaron una serie de pronunciamientos institucionales y un debate nacional sobre la violencia intrafamiliar.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la víctima y ofreció apoyo institucional durante una gira por Chiapas, mientras que la Secretaría de las Mujeres informó que ya se estableció contacto para brindar acompañamiento, medidas de protección y orientación jurídica. En paralelo, se reportaron ajustes en la situación laboral de Rodríguez Padilla en el ámbito público, en medio de versiones oficiales sobre la falta de formalización de su cargo en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).
Posteriormente, el propio Rodríguez Padilla señaló que se separa de cualquier función pública para atender el proceso como ciudadano, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades y solicitando que la investigación se lleve a cabo con apego a la legalidad y respeto al principio de presunción de inocencia.
En este contexto, el Partido Verde recordó que en 2024 impulsó una iniciativa constitucional para establecer que todas las entidades federativas contaran con fiscalías especializadas en la atención de delitos contra las mujeres, como una medida para fortalecer la capacidad institucional y garantizar una atención más eficaz y sensible a las víctimas.
El instituto político subrayó que esta propuesta, alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitió avanzar en la construcción de un consenso legislativo que derivó en su incorporación a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024. Destacó que contar con fiscalías especializadas permite mejorar la investigación de los delitos, evitar la revictimización y consolidar un sistema de justicia más confiable y cercano a la ciudadanía.
