Un pedido de helados terminó en confrontación, amenazas y señalamientos públicos. Dos videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un repartidor de Uber Eats denuncia que un cliente se negó a pagar el pedido realizado desde la aplicación, lo agrede físicamente e intenta intimidarlo utilizando a su perro.
En las grabaciones, captadas por el propio repartidor, se observa cómo el hombre señalado guarda los helados en su vehículo, mientras el trabajador le exige el pago correspondiente. La discusión escala rápidamente: el cliente lanza insultos y empuja al repartidor. En un segundo video, el mismo individuo intenta que su perro ataque al joven que documenta los hechos; sin embargo, el animal, visiblemente alterado por la tensión del momento, muerde la correa sin concretar la agresión.
De acuerdo con reportes periodísticos, el hombre involucrado sería trabajador del Poder Judicial del estado de Puebla, específicamente en el municipio de Cuautlancingo. Este dato detonó una reacción mayor en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de un funcionario vinculado a una institución encargada de impartir justicia.
Más allá del incidente puntual, el caso exhibe una problemática recurrente en el modelo de trabajo de plataformas digitales: la vulnerabilidad de repartidores ante clientes que se niegan a pagar o que recurren a la intimidación. En este caso, la situación adquirió mayor dimensión pública por la presunta calidad institucional del agresor.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el Poder Judicial de Puebla abrió algún procedimiento administrativo interno o si el repartidor presentó denuncia formal ante la autoridad ministerial. Sin embargo, el material audiovisual ya circula ampliamente y ha colocado el episodio en el debate sobre responsabilidad pública y comportamiento de servidores vinculados al sistema judicial.
Lo que comenzó como una entrega rutinaria terminó convirtiéndose en un caso que confronta dos planos: la precariedad laboral en plataformas digitales y la expectativa ética que pesa sobre quienes forman parte de instituciones de justicia.
