No hubo explicaciones. Tampoco justificaciones públicas. Solo una renuncia que llegó a primera hora de este lunes y que, por su momento, lo dijo todo.
Sergio Antonio Leyva López, hasta entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, presentó su dimisión en medio de un escándalo que involucra a siete policías municipales detenidos por haber agredido —presuntamente sin motivo— a elementos de la Policía Estatal Preventiva frente a una clínica privada en la colonia Gabriel Leyva.
El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil confirmó la salida del funcionario, pero evitó dar más detalles. Dijo únicamente que ya se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional una nueva propuesta para ocupar el cargo.
Horas antes de que la renuncia se hiciera pública, la escena había sido otra. La noche del domingo 2 de junio, una denuncia anónima al 089 alertó sobre el ingreso de dos hombres heridos por arma de fuego en una clínica privada. Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio para corroborar el reporte, pero al llegar se toparon con un bloqueo inesperado.
Siete policías municipales ya estaban ahí. No auxiliaron, no escoltaron. Por el contrario: impidieron la entrada de los estatales, los enfrentaron verbalmente y se negaron a identificarse. La discusión escaló. La tensión también. Hasta que intervino la Guardia Nacional.
Fueron los propios elementos federales quienes terminaron desarmando a los municipales. Los trasladaron detenidos ante el Ministerio Público. No hubo disparos, pero sí un fuerte despliegue que incluyó el aseguramiento de dos patrullas, armas cortas, cargadores, radios y teléfonos.
Los nombres de los detenidos salieron poco después: Luciano “N”, Pedro Luis “N”, Saúl “N”, Luis Alberto “N”, Jasiel Humberto “N”, Jesús Manuel “N” y Reyna Gloria “N”. Todos integrantes activos de la Policía Municipal de Culiacán.
En conferencia de prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya no ocultó la gravedad del caso. Dijo que las investigaciones siguen abiertas, pero adelantó que se revisa si hubo intento deliberado de encubrimiento o si se trató de una confusión operativa. “No podemos tolerar actos de insubordinación entre corporaciones”, sentenció.
Más allá de la legalidad, lo ocurrido evidenció una fisura. Una ruptura entre la policía municipal y el resto de las fuerzas de seguridad. “Esto tiene que arreglarse desde el fondo”, declaró un alto funcionario estatal que pidió el anonimato.
Sergio Leyva era comisionado de la Policía Estatal desde 2022. Fue enviado a Culiacán para intentar recomponer la corporación local, pero su salida ocurre ahora en uno de los momentos más tensos para la seguridad de la capital sinaloense.
Organizaciones civiles como Iniciativa Sinaloa han pedido transparencia. Quieren saber por qué los municipales estaban en ese lugar, qué hacían, quién los mandó. Exigen, además, que se haga pública la bitácora del operativo, los videos y los reportes internos.
Mientras tanto, en las calles de Culiacán se respira el mismo ambiente que desde hace semanas: uno marcado por la desconfianza, por las balaceras intermitentes, por los silencios que incomodan.
La Fiscalía General del Estado aún no determina la situación jurídica de los siete agentes detenidos. Pero en el plano político ya hay una consecuencia: la cabeza de la policía municipal ha sido cortada.
CON INFORMACIÓN DE CINDY BELTRÁN
@SOYCINDYBELTRAN
