Tras las especulaciones sobre el paradero del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la ahora gobernadora interina, Yeraldine Bonilla informó que el imputado por narcotráfico en Estados Unidos se encuentra en su casa y con buen estado de salud, mientras se realizan las investigaciones de su caso. Rocha Moya fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico.
En días pasados, se especuló que Rocha Moya se encontraba viviendo en el Palacio de Gobierno en Culiacán, ya que se reportó el constante sobrevuelo de un helicóptero en las inmediaciones del inmueble. Bonilla, quien fue designada como gobernadora interina después de que Rocha solicitó una licencia de su cargo, aseguró que esta versión era falsa.
Además de que se sugirió que el Gobierno de Sinaloa implementó medidas para la protección de Rocha Moya, también se especuló sobre el estado de salud del exgobernador. Ante esto, Bonilla decidió desmentirlo y dijo que se encontraba bien.
Otros rumores han apuntado a que ya no sabe nada sobre el paradero de Rocha Moya, pues tras pedir la licencia para separarse de su cargo, desapareció del ojo público. Hasta ahora solo se tiene conocimiento de que se desplegó un operativo de la Guardia Nacional, el cual ha informado que Rocha Moya se encuentra en territorio mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada por este grupo que protege a Rocha Moya y sobre cuánto tiempo lo acompañarán. La mandataria mencionó que se está protegiendo la seguridad del exgobernador, como la de cualquier otra persona que lo solicite.
Rubén Rocha Moya, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por participar junto con otros diez funcionarios morenistas de Sinaloa en una conspiración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, en la que beneficiaron al grupo criminal para importar droga a territorio estadounidense.
El DOJ dijo que por los delitos cometidos por este grupo, que abusó de su poder para permitir que el grupo criminal actuara con impunidad en el estado, cada uno podría alcanzar una condena de cadena perpetua.
Tras las acusaciones del DOJ, las autoridades estadounidense solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ejecutaran las órdenes de aprehensión en contra de los diez funcionarios, sin embargo el Ejecutivo Federal ha mantenido su postura de que no puede detenerlos hasta que no se tengan pruebas contundentes sobre el caso.
Hasta el momento, no se han dado actualizaciones por parte de la Fiscalía General de la República sobre cómo van las indagatorias en las que miembros de Morena fueron imputados por una autoridad estadounidense.