La activista Martha Macarena Pérez y varios extrabajadores jubilados de la Comisión Estatal del Agua (CEA) fueron vinculados a proceso por el delito de obstrucción contra las vías de comunicación, luego de participar en una manifestación que derivó en el bloqueo de calles del sector centro de Guaymas, Sonora, para exigir prestaciones laborales y atención médica que, aseguran, les han sido negadas durante años.
Los hechos ocurrieron entre las 9:30 y las 10:22 horas del 14 de enero, cuando jubilados de la CEA cerraron vialidades como medida de presión ante la falta de respuesta institucional. La protesta tuvo como eje central la exigencia del pago de liquidaciones pendientes y el acceso a servicios médicos, pues tras su jubilación muchos quedaron sin cobertura de salud. El grupo denunció que, pese a haber agotado vías administrativas, no obtuvieron soluciones, lo que los llevó a manifestarse públicamente.
De acuerdo con los propios jubilados, la movilización se volvió urgente debido a la condición médica de algunos de los participantes. Dos de ellos padecen enfermedades graves: una enfrenta cáncer y otro corre riesgo de amputación, por lo que requieren atención médica inmediata y tratamientos constantes. Señalan que el abandono por parte de las autoridades los colocó en una situación límite, obligándolos a protestar para visibilizar su caso.
Inicialmente, a los manifestantes se les pretendió imputar también un cargo relacionado con resistencia u oposición a la autoridad, bajo el argumento de que durante el operativo policial hubo confrontación con elementos de seguridad. Sin embargo, la defensa sostuvo que no existió agresión directa contra policías y que la protesta fue pacífica. Finalmente, durante la audiencia, el juez centró la vinculación a proceso en el delito contra las vías de comunicación, descartando otros señalamientos más graves.
El juez de control resolvió vincularlos a proceso al considerar que el bloqueo afectó la circulación, aunque tomó en cuenta el contexto social de la protesta. Por ello, impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como la obligación de firmar periódicamente y la advertencia de no reincidir en bloqueos. En su resolución, el juez reconoció que se trata de adultos mayores y, en algunos casos, con problemas de salud delicados.
Los afectados manifestaron que el proceso penal representa una forma de criminalización de la protesta social. Martha Macarena Pérez señaló que su participación fue como acompañante y defensora de los derechos de los jubilados, y advirtió que utilizar el derecho penal contra quienes exigen derechos laborales y atención médica sienta un precedente preocupante. Los jubilados reiteraron que no buscan confrontación, sino soluciones de fondo, y que enfrentar un juicio agrava su situación económica y de salud.
Diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el caso. Han señalado que el uso de delitos como el de vías de comunicación para procesar protestas sociales contradice criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN ha establecido que las manifestaciones y bloqueos pueden formar parte del ejercicio del derecho a la protesta, siempre que no se criminalice de manera automática a quienes participan, y ha llamado a las autoridades a privilegiar el diálogo sobre el uso del derecho penal.
Los colectivos que acompañan a los jubilados han insistido en que el Estado debe atender el fondo del conflicto: el pago de prestaciones, el acceso a la salud y el trato digno a personas adultas mayores y enfermas. Advirtieron que procesar penalmente a jubilados en situación vulnerable no resuelve el problema y profundiza la crisis social, al tiempo que exigieron a las autoridades estatales establecer mesas de diálogo y garantizar los derechos laborales y humanos de los extrabajadores de la CEA.
