TIJUANA.- Después de más de tres décadas de espera, 15 mil familias del Ejido Rojo Gómez y asentamientos aledaños están más cerca de obtener certeza jurídica sobre sus terrenos, informó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al encabezar la firma del Convenio de Coordinación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en dicha comunidad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
La mandataria destacó que se trata de un hecho histórico de justicia social que no solo protegerá el patrimonio de las familias de esa comunidad en el presente, sino que garantizará la certeza y tranquilidad de su hogar para las futuras generaciones.
“Si no hubieran ustedes luchado tanto, no estaríamos el día de hoy aquí, porque lo que hoy estamos celebrando es el resultado de que nunca tiraron la toalla. Era un tema prioritario para una servidora; no se trataba solo de un compromiso de gobierno, yo quería que se les hiciera justicia”, expresó.
Por su parte, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), destacó que atender esta demanda fue un trabajo prioritario desde la federación, ahora mediante un régimen expropiatorio que representa un logro de voluntad política e interés social, consolidándose como un ejemplo destacado a nivel nacional entre las 32 entidades federativas, mismo que será firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Yo le reconozco a usted esa voluntad que tuvo desde el minuto uno, y a su equipo, al señor secretario general de gobierno y a los subsecretarios, el trabajo que han hecho. Agradecerle también al señor presidente municipal para que esto salga adelante. Y obviamente reconocerle al ejido la voluntad de sentarse en esta mesa”, expresó el funcionario federal.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, resaltó la trascendencia de este paso para garantizar la certeza jurídica y la regularización de la tierra de los representantes ejidales y ejidatarios, así como para beneficio de los habitantes de Lomas del Valle, Terrazas del Valle I y II, y La Morita I y II. Con esta encomienda, las familias que adquirieron sus terrenos de buena fe finalmente podrán dejar atrás décadas de incertidumbre legal.
Para dar fe y atestiguar la firma del convenio, estuvieron presentes Enrique Manuel Cunningham Santana, en representación SEDATU, Malhi Elda Vera Quezada, en representación del Registro Agrario Nacional; Alexis Ballinas Ruiz, por parte de la Procuraduría Agraria; y Samuel Peña Garza, director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE).
Asimismo, asistieron representantes de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), además del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.
El Gobierno del Estado refrendó su compromiso de mantener una política de puertas abiertas, diálogo permanente y trabajo conjunto con la Federación y los municipios para dignificar la vida de las familias bajacalifornianas, asegurando que el derecho a una vivienda digna y regularizada sea una realidad para todas y todos.