El Consejo Sinaloense de Empresarios, encabezado por Luis Osuna Vidaurri, solicitó de manera urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum la emisión de una declaratoria de emergencia económica para el estado de Sinaloa, debido a que existe un “desastre económico” y apoyo “insignificante” en la entidad.
La petición surge tras cumplirse dos años de enfrentamientos armados entre facciones de la delincuencia organizada, situación que ha generado un severo impacto en las actividades productivas de la entidad.
Durante un encuentro privado celebrado el pasado 5 de agosto con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, los integrantes del sector empresarial expresaron su inconformidad ante la respuesta brindada por los tres órdenes de gobierno. El organismo calificó como insuficientes e incapaces las medidas implementadas hasta la fecha para frenar el deterioro socioeconómico e institucional del estado.
Entre las demandas presentadas por el sector empresarial destaca la apertura de una mesa de diálogo directo con el Ejecutivo federal, así como la asignación de mayor presupuesto para fortalecer a las corporaciones policiales locales. De igual manera, exigieron la aplicación de acciones concretas orientadas a la detención y procesamiento judicial de las personas responsables de generar violencia e impunidad en la región.
Las cifras presentadas por la organización de empresarios exponen un panorama crítico para la estructura económica de Sinaloa, respaldado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con dichos registros, en el transcurso de los últimos dos años se ha contabilizado la pérdida de 59 mil 714 personas ocupadas dentro del territorio sinaloense, golpeando principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social refleja que, entre junio de 2024 y junio de 2026, se cancelaron 4 mil 812 registros patronales, lo cual representa un descenso del 11.2 por ciento. En este mismo lapso, la pérdida de empleos formales alcanzó los 17 mil 871 puestos de trabajo, lo que acentúa la contracción del mercado laboral formal en diversos municipios.
Ante este escenario de contracción económica y cierres comerciales, los empresarios demandaron la intervención extraordinaria de instituciones públicas como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Solicitaron esquemas especiales de pago, prórrogas fiscales y otorgamiento de créditos preferenciales para mantener en funcionamiento a los establecimientos.
El origen de la reciente ola de violencia en Sinaloa se remonta a finales de julio de 2024, tras la captura de Ismael Zambada y el homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda. Dichos acontecimientos detonaron una confrontación entre grupos delictivos rivales que, durante dos años, ha dejado un saldo preliminar superior a tres mil homicidios dolosos y cuatro mil personas reportadas como desaparecidas.
Aunque el Consejo Sinaloense de Empresarios reconoció una reducción moderada en la incidencia de homicidios y robos durante el primer semestre de 2026 en comparación con 2025, precisó que los indicadores siguen por encima de los niveles observados en 2024. Por ello, insistieron en la urgente necesidad de apoyos federales efectivos que eviten un colapso irreversible del sector productivo sinaloense.