La administración de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, enfrenta una auditoría por su programa insignia “Chiapas Puede”, cuyo objetivo era combatir el analfabetismo en la entidad. La Auditoría Superior del Estado hizo observaciones por 182 millones 592 mil pesos, tras detectar irregularidades en el pago de becas, beneficiarios, adquisición de materiales y contratación de servicios.
El 27 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado detuvo a Luis Manuel “N”, exjefe del Departamento de Planeación del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), así como a Lidia “N”, servidora pública de la institución, en el marco de una investigación penal. Las irregularidades detectadas por la Auditoría se sumaron a estos hechos.
Ambos exservidores públicos fueron acusados por su presunta responsabilidad en actos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público y desvío de recursos pertenecientes al programa Chiapas Puede. En los cateos realizados en sus domicilios, las autoridades aseguraron más de 2 mil 500 tarjetas del programa, que presuntamente no fueron entregadas a los beneficiarios.
Chiapas Puede fue impulsado por el actual gobernador morenista como una de sus principales estrategias para abatir el rezago educativo en la entidad, la cual registra el mayor índice de analfabetismo del país. Sin embargo, a menos de dos años de su instauración se evidenció un esquema de inconsistencias por parte del ICHEJA.
En el Informe Individual ASE/OAC/024/2026, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública estatal de 2025, se establecieron seis observaciones definitivas al ICHEJA por un monto total de 182 millones 592 mil pesos. Estas corresponden al periodo en que Sergio David Molina Gómez era titular de la dependencia, quien recientemente fue destituido.
Por su parte, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública estatal informó que, hasta el momento, no se ha iniciado un procedimiento administrativo en contra de Molina Gómez por las observaciones de la Auditoría.
La Auditoría Superior del Estado detectó una irregularidad de 147.8 millones de pesos entre los formatos contables y los montos efectivamente asignados a los llamados educandos. Determinó que esos recursos no habían sido acreditados como aplicados al programa.
Se halló también que la compra de kits escolares destinados a los beneficiarios de Chiapas Puede no se concretó, pues 39 mil 646 paquetes permanecían almacenados en la dependencia, con un valor de 8.2 millones de pesos. Además, se detectó que 5 mil 130 personas con evidencia de alfabetización fueron incorporadas al programa y recibían recursos, así como otras 5 mil que no aprobaron las evaluaciones.
La auditoría también reveló que el ICHEJA realizó pagos a dos empresas por servicios de asesoría y auditoría que pudieron haber sido realizados por el propio personal del organismo. Los pagos ascendieron a 732 mil pesos.