Después de que se diera a conocer que, tras el operativo para el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes del país, dos agentes estadounidenses que operaban en México fallecieron en un accidente automovilístico en Chihuahua, la Fiscalía General de la República citó a cerca de 50 personas relacionadas con el caso para esclarecer los hechos, de los que se presume una violación a la Constitución mexicana por el permiso de intervención extranjera en territorio nacional por parte del gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván.
En un video del vocero Ulises Lara López, de la Fiscalía General de la República, la cual encabeza Ernestina Godoy, se informó que alrededor de 50 personas están bajo investigación por su relación con el operativo en el laboratorio vinculado al Cártel de Sinaloa, en el que se producían distintas drogas ilícitas. La información ha apuntado a que en este despliegue dos agentes adscritos a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participaron sin que el gobierno estatal diera aviso al Ejecutivo Federal.
El gobierno federal ha reiterado que dicha acción es una violación a lo que estipulan las leyes mexicanas sobre el acceso de fuerzas extranjeras al país, ya que, en todo caso de que ingresen, el Senado de la República sería el encargado de tramitar dicho permiso. No obstante, aun contando con el permiso, los agentes no podrían operar en territorio mexicano y su visita se limitaría a acciones de capacitación y adiestramiento.
Ulises Lara informó que, como parte de las investigaciones, se avanzó en los requerimientos de ley dirigidos a diversas autoridades con el fin de verificar si hubo acreditaciones o autorizaciones para la operación de los agentes en el operativo mencionado. Además, abundó que se investiga si las autoridades que encabezan el gobierno de Chihuahua tenían conocimiento sobre estas operaciones.
En su mensaje reiteró el compromiso de la FGR de investigar de forma exhaustiva el caso de Chihuahua para esclarecer lo que realmente ocurrió el pasado 19 de abril en la sierra de Pinal. Advirtió que se tiene como objetivo aplicar el peso de la ley en contra de las personas que autorizaron la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Sobre este caso, la bancada de Morena en el Senado de la República había extendido una invitación a Maru Campos para detallar la información en el pleno de la Cámara Alta el pasado 28 de abril. Sin embargo, la gobernadora de Chihuahua rechazó la invitación para evitar comprometer el caso que se encontraba bajo investigación.
Los senadores de Morena señalaron que su presencia en la Cámara Alta pudo ser beneficiosa para su gobierno, ya que pudo haber proporcionado la información con la que contaba a los legisladores y, en general, a la sociedad civil.
Además, la presidenta de la República ha señalado que en distintas ocasiones intentó contactar a Maru Campos para hablar sobre el caso, pero jamás pudo ponerse en contacto con ella.
Por otro lado, una pieza clave de la investigación es César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, quien renunció después del fallecimiento de los agentes. En su discurso de separación de su cargo reconoció que hubo omisiones en la información y declaró que renunciaba para no interferir en las investigaciones correspondientes.