La Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma que amplía el decreto de la extinción de dominio sobre los bienes patrimoniales derivados de los delitos de corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos.
A estos se suman los que ya están en la Constitución como en los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y robo de automóviles.
Ahora deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOSF) para que sea efectiva sobre los bienes de las personas que estén involucrados en los delitos anteriormente mencionados.
Esta es la primera reforma constitucional avalada por el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este proyecto de decreto ya fue enviado al Senado para su declaración de constitucionalidad y después pase el Ejecutivo para que se sea publicada en el DOF.
