El miércoles 14 de enero, el Senado de Estados Unidos votó para rechazar una resolución sobre los poderes de guerra que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación previa del Congreso.
La resolución, impulsada originalmente por senadores demócratas y con el respaldo inicial de cinco republicanos, habría exigido que cualquier acción militar adicional en Venezuela tuviera que contar primero con una autorización explícita del Congreso. Esta iniciativa se presentó en medio de fuertes preocupaciones por el alcance de las operaciones militares tras la sorpresiva redada del 3 de enero en Caracas, Venezuela, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, generando debates sobre si las acciones de la administración constituían actos de guerra no autorizados.
En una votación ajustada de 51 a 50, los republicanos decidieron descartar la medida tras una intensa presión ejercida desde la Casa Blanca. El vicepresidente J.D. Vance tuvo que intervenir para romper el empate a favor de bloquear la resolución, arrojando luz sobre el control que Trump sigue ejerciendo sobre su partido en el Capitolio.
La dinámica cambió respecto a la semana anterior. En aquel momento, la iniciativa había avanzado en el Senado con 52 votos a favor y 47 en contra, gracias al apoyo de todos los demócratas y de cinco senadores republicanos: Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Josh Hawley (Misuri) y Todd Young (Indiana), un paso que fue interpretado como una inusual reprimenda bipartidista a la política de Trump.
Sin embargo, antes de la votación decisiva del miércoles, dos de esos republicanos, Hawley y Young, cambiaron su voto tras fuertes gestiones del presidente y de altos funcionarios, incluidos mensajes directos de Trump, según Young, de que no se desplegarían tropas terrestres en Venezuela y que se consultarían con el Congreso en el futuro si fuera necesario.
La polémica alrededor de esta votación se ubica en el corazón de un debate constitucional más amplio: la autoridad del presidente como comandante en jefe frente a la facultad del Congreso para autorizar actos de guerra. Los defensores de la resolución argumentaban que permitir que el Ejecutivo inicie o amplíe acciones militares sin consulta legislativa debilita los controles y equilibrios establecidos por la Constitución. Legisladores como el demócrata Tim Kaine denunciaron la intensa presión de la administración para evitar un “debate público sobre una guerra”.
Por otro lado, los opositores, encabezados por el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, sostuvieron que Estados Unidos no estaba formalmente en guerra con Venezuela y que, por tanto, la resolución era innecesaria en el contexto actual. Argumentaron también que los acontecimientos recientes, incluida la captura de Maduro, no constituían hostilidades prolongadas que requirieran una intervención del Congreso bajo los términos de la Ley de Poderes de Guerra.
La votación de esta semana marca una derrota significativa para los esfuerzos del Congreso por limitar los poderes militares del presidente, aunque la estrecha división en la cámara legislativa también revela la persistente preocupación bipartidista sobre la expansión de la autoridad ejecutiva en asuntos de guerra y paz.
