La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración enviará una propuesta de reforma constitucional para aplazar la fecha de las elecciones judiciales a 2028. Este proceso electoral se llevaría a cabo el 6 de junio de 2027, mismo día en que se celebrarán los comicios ordinarios. De realizarse de esa manera, los votantes tendrían que asistir a dos diferentes casillas para participar en el proceso.
En su conferencia matutina, la mandataria explicó que enviarán la propuesta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con base en una evaluación realizada por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, quien recomendó mover las elecciones judiciales al 4 de junio de 2028, con algunas características especiales.
La recomendación surgió debido a la cantidad de puestos que se elegirán durante las elecciones de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas de entidades federativas y 2 mil presidencias municipales, por lo que se votará de manera federal y local. Por otro lado, en las elecciones judiciales se elegirán magistraturas de circuito, juzgados de distrito y magistraturas del Tribunal Electoral, lo que vuelve el proceso electoral uno de los más complejos que ha tenido el país.
En su mensaje, la presidenta explicó que, con este cambio, en caso de que haya revocación de mandato en 2028, se puedan realizar estas y las elecciones judiciales el mismo día y en la misma casilla. Además, se realizarán modificaciones en la boleta para facilitar el proceso electoral de los votantes.
Por el contrario, si se realizan las elecciones ordinarias y las judiciales el mismo día, se tendrían que llevar a cabo en distintas casillas. Esto debido a que, de acuerdo con la Constitución mexicana, en las ordinarias se exige la presencia de los partidos políticos en las votaciones, y en las judiciales se deben excluir a estos de todo el proceso electoral.
En el pasado, antes de la propuesta de Claudia Sheinbaum, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) presentó una acción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedir que las elecciones judiciales se recorrieran a 2028, por la misma razón que expuso la presidenta. Recalcaron que existe una imposibilidad que no es “operativa”, sino que se trata de una “incoherencia de rango constitucional” que vulnera algunos derechos.
Por su parte, Luisa María Alcalde explicó en qué consiste la propuesta de reforma impulsada por la presidenta. En primer lugar, se encuentra el cambio de fecha para el día ya mencionado. Explicó que en ese proceso se elegirán a 4 magistrados electorales de Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y, a nivel local, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces.
Otro punto que se reconfigurará, si se aprueba la reforma, es la reducción del número de candidatos por poder para facilitar la elección. Es decir, los comités evaluarán los conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de los aspirantes y seleccionarán a los cuatro mejor evaluados; posteriormente se realizará una insaculación pública para que las candidaturas se reduzcan a dos por cargo y especialidad.
Alcalde explicó que también se simplificará la boleta electoral, se podrán realizar las elecciones judiciales y ordinarias en la misma ubicación, el escrutinio y cómputo de votos se hará en las casillas donde fueron sufragados, se adelantará tres días el plazo del Senado para emitir la convocatoria general y se crearán dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puedan desahogar asuntos menores, para que el Pleno haga de manera eficiente sus labores.