De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico (Asipona), otorgó contratos por más de 33 millones de pesos a empresas vinculadas a Christian Julián Cazarín Meza, empresario que en Estados Unidos se declaró culpable por ser parte de una red de sobornos vinculada a Pemex.
En la investigación se señaló que las adjudicaciones para obras habrían ocurrido entre 2024 y 2025, cuando el empresario mexicano ya había admitido su culpabilidad por el delito de soborno ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos.
La Constructora Terco fue una de las compañías beneficiadas por estos contratos, de la cual Cazarín Meza fungió como socio fundador mayoritario. En las actas del Registro Público de Comercio se registró que, en 2020, el empresario imputado poseía el 80% de las acciones de la empresa y que, para 2025, fue nombrado administrador único.
En julio de 2024, la Asipona adjudicó a un consorcio en el que se encontraba Constructora Terco, así como Servicios y Soluciones La Heroica, el mantenimiento de bodegas en el puerto de Tampico por un monto de 21 millones 226 mil pesos con IVA incluido, y se formalizó la asignación solo dos días después de la adjudicación.
A menos de un año de la emisión de ese contrato, en abril de 2025, la Asipona volvió a otorgar un contrato a Constructora Terco; sin embargo, en esta ocasión fue en conjunto con Insumos y Comercializadora del Sureste Aspac para llevar a cabo trabajos en las bodegas 10 y 14 del puerto. La adjudicación fue por 11 millones 887 mil pesos, lo que sumó 33 millones 114 mil 260 pesos por los dos contratos otorgados a Constructora Terco.
Cazarín Meza también estaría vinculado con la constitución de la empresa Aspac, la cual se fundó en octubre de 2020. Dicha empresa tiene como objeto social el transporte de mercancías peligrosas, como los hidrocarburos.
Dicho dato es relevante pues las contrataciones de las empresas vinculadas con Cazarín Meza se dieron en el puerto de Tampico, el cual se dio a conocer como el centro de la investigación federal sobre el caso de huachicol fiscal. En ese lugar se destapó una red integrada por empresarios, agentes aduanales y mandos de la Secretaría de Marina para el contrabando de combustibles.
Por su parte, Cazarín Meza enfrenta un proceso en Estados Unidos que se originó con una red de corrupción de Vitol, una de las mayores comercializadoras de hidrocarburos a nivel mundial, para obtener ventajas en adjudicaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, el empresario mexicano se desempeñó como intermediario para canalizar pagos a Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, funcionarios de Pemex Procurement International, filial encargada de compras internacionales.