Antes de dejar su cargo en Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla determinó clasificar como reservada, por un plazo de tres años, la información relativa a los hallazgos y resultados de cinco auditorías internas ejecutadas sobre sus operaciones financieras y administrativas.
La medida fue aprobada por el Comité de Transparencia de la empresa pública del Estado con anterioridad a la conclusión de la gestión encabezada por Rodríguez Padilla al frente de la Dirección General de la petrolera. Las evaluaciones archivadas corresponden a ejercicios de control e inspección aplicados sobre el desarrollo operativo de la institución durante los años 2023 y 2024.
Los procedimientos de supervisión fueron coordinados de forma conjunta con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de revisar diversos procesos de la gestión administrativa interna.
Entre los aspectos auditados se incluyeron revisiones a los procesos de contratación de personal dentro de la estructura corporativa, así como la suscripción de convenios comerciales con empresas del sector privado.
De manera complementaria, la petrolera contrató los servicios del despacho externo KPMG Cárdenas Dosal para llevar a cabo dictámenes sobre el estado financiero y operativo general de la empresa y sus filiales.
En la versión pública de la documentación entregada mediante solicitudes de acceso a la información, la empresa cubrió en su totalidad los apartados que contienen las observaciones administrativas, los hallazgos específicos y las recomendaciones formuladas por los auditores.
Dentro de los expedientes sometidos a la reserva de información hasta el año 2028 figura la auditoría identificada internamente con la clave AU-38/2025. Dicho procedimiento tuvo como finalidad examinar el desempeño y la eficiencia de la Dirección Jurídica de la petrolera en los procesos de revisión y formalización de contratos e instrumentos jurídicos institucionales.
De igual forma, se clasificó como reservado el expediente referente a la evaluación interna sobre la atención dada a las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía mediante los portales oficiales de transparencia.
Al argumentar la fundamentación legal para la negativa de acceso, el Comité de Transparencia señaló que la divulgación de las auditorías representa un riesgo potencial para la seguridad nacional de las operaciones estratégicas del Estado.
El órgano colegiado adujo también que la publicidad de los datos preliminares afectaría la objetividad de las deliberaciones e investigaciones internas que se encuentran en trámite dentro de la estructura institucional.
Adicionalmente, se argumentó la necesidad de resguardar la identidad e integridad del personal auditor, señalando que la exposición pública de sus nombres o criterios analíticos podría derivar en presiones externas capaces de alterar el resultado de sus dictámenes.
Con la aplicación de este criterio, el contenido detallado de los exámenes, los señalamientos de irregularidades y las acciones correctivas sugeridas permanecerán fuera de la consulta pública hasta el cumplimiento del plazo estipulado o la emisión de una nueva disposición jurídica.