Al fundamentar la propuesta, De la Sierra explicó que se busca establecer la obligación a los centros de trabajo de contar con protocolos y mecanismos de prevención, los cuales deberán ser registrados ante la Secretaría del Trabajo y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Asimismo, plantea que el Inmujeres emita los lineamientos y criterios mínimos para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales.
En la iniciativa que fue turnada para su análisis y dictaminación a las comisiones unidas para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Primera, De la Sierra destacó que los protocolos de actuación son necesarios para establecer los instrumentos de prevención del acoso sexual y sus sanciones para prevengan y eliminen estas prácticas.
En la exposición de motivos la legisladora destacó que el acoso en los centros de trabajo es una modalidad de violencia y de discriminación en contra de las mujeres que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad.
“El hostigamiento sexual afecta principalmente al género femenino, aunque no exclusivamente; vulnerando a la persona en su desarrollo personal, físico, social, psicológico y moral; además de que se violentan sus derechos humanos, agregó.
Señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el acoso como: “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”.
Por ello, puntualizó que es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de contar con estos protocolos que garanticen y protejan los derechos de las víctimas.
