El martes 10 de marzo, un grupo de jóvenes se manifestó de forma pacífica frente a las instalaciones de La Salle Pachuca, en el centro de la capital hidalguense, para exigir justicia y denunciar presuntos casos de violencia y encubrimiento dentro de la institución educativa. La movilización surgió tras hacerse público el caso de Regina, una alumna que abandonó sus estudios luego de recibir amenazas de muerte por parte de un compañero sin que, según denunciaron familiares y estudiantes, las autoridades escolares tomaran medidas disciplinarias.
Alrededor de 30 jóvenes participaron en la protesta, donde portaron cartulinas con consignas como “No es prestigio, es encubrimiento” y “La indiferencia es la peor cara de la violencia”. Durante la manifestación, los participantes señalaron que el caso de Regina no sería un hecho aislado, ya que aseguraron que varios alumnos y exalumnos han reportado experiencias de violencia, homofobia y clasismo dentro del plantel.
Con ayuda de un megáfono, los manifestantes pidieron a las autoridades escolares escuchar a los estudiantes y atender las denuncias de acoso o agresiones que, según dijeron, han sido ignoradas durante años. Los jóvenes también acusaron que la institución habría priorizado proteger su imagen antes que garantizar la seguridad de su comunidad estudiantil.
Durante la protesta, el acceso principal del plantel permaneció cerrado, lo que incluso impidió el ingreso de algunos alumnos que acudían a cumplir con sus actividades escolares. Mientras tanto, los participantes reiteraron su exigencia de que la escuela establezca protocolos claros para atender casos de violencia y garantizar un entorno seguro para los estudiantes.
El caso que detonó la movilización es el de Regina, quien cursaba el primer semestre de preparatoria en La Salle Pachuca. De acuerdo con testimonios de familiares y estudiantes, la joven es conocida por su participación en la defensa de los derechos humanos, situación que presuntamente provocó que un compañero identificado por sus iniciales H.G.A. comenzara a burlarse de ella y a hostigarla.
Con el paso del tiempo, el acoso habría escalado a agresiones verbales y amenazas directas. En uno de los episodios más graves, el estudiante presuntamente la sujetó de los brazos en los pasillos del plantel y, frente a otros compañeros, le dijo que la iba a “cortar en cachitos y meter en bolsas de plástico”, lo que fue interpretado por la familia como una amenaza de muerte.
Según el testimonio de los familiares, estas situaciones fueron reportadas en varias ocasiones ante las autoridades escolares; sin embargo, aseguran que no se aplicaron sanciones contra el presunto agresor. En lugar de ello, directivos habrían propuesto un “acuerdo de convivencia” para que ambos estudiantes continuaran interactuando dentro de la institución.
El nivel de hostigamiento, afirmaron, provocó que Regina experimentara un fuerte deterioro emocional y físico. En un periodo de cuatro semanas perdió alrededor de ocho kilos de peso, mientras su familia expresó temor por su integridad. Incluso señalaron que existía preocupación porque el salón de la estudiante se encontraba en la parte alta del edificio y temían que pudiera sufrir algún ataque o ser empujada.
Ante la falta de acciones por parte de la escuela, el comité de mujeres de la institución solicitó aplicar el reglamento interno y dar de baja al alumno señalado como agresor. No obstante, de acuerdo con los denunciantes, la institución argumentó que no podía expulsarlo si no se concretaba una agresión física directa.
Finalmente, la familia de Regina decidió retirarla del plantel para garantizar su seguridad, luego de casi un año de situaciones de hostigamiento. Posteriormente, se informó que el estudiante señalado se dio de baja de la institución, aunque no como resultado de una sanción oficial por parte de la escuela.
Los manifestantes señalaron que su objetivo es visibilizar el caso y presionar para que la institución atienda las denuncias de violencia escolar. También pidieron que se establezcan mecanismos eficaces para prevenir el acoso, investigar los señalamientos y sancionar conductas que pongan en riesgo a los estudiantes. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre sanciones institucionales derivadas del caso ni sobre nuevas medidas implementadas por la escuela para atender estas denuncias.
