Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), informó que su movimiento político presentó una denuncia en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional, para que se investigue su posible responsabilidad en presuntos crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado del PAN se detalló que las autoridades judiciales mexicanas, actualmente encabezadas por integrantes de Morena, no serán quienes resuelvan el caso que podría vincular al expresidente con la presunta responsabilidad por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio de 2018 a 2024; por el contrario, será un organismo internacional quien lo juzgue.
De acuerdo con el comunicado, la denuncia incluye a diversas organizaciones criminales para que se investigue su responsabilidad, así como la de López Obrador, y se indague en los pactos político-criminales que se implantaron y que se han extendido en México.
El PAN detalló que los crímenes de lesa humanidad presentados en la denuncia están reflejados en “más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico”.
La dirigencia del partido de oposición sostuvo que la denuncia evidenció que la realidad que México actualmente atraviesa en materia de inseguridad no es una casualidad o un caso aislado, sino un conjunto de permisivas por parte del Estado mexicano, gobernado por Morena desde 2018. Explicó que estos permitieron y provocaron el establecimiento y empoderamiento de los grupos del crimen organizado en el país a raíz de pactos.
Se explicó que, entre 2018 y 2024, se implementó una política “deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros”.
Además, el “abrazos, no balazos”, al cual el PAN calificó como un “narcopacto”, permitió a estos grupos expandir su poder territorial, económico y político, mientras que la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió renunciar a ejercer plenamente su autoridad. La oposición afirmó que, debido al pacto, se permitió que se sustituyera al Estado en diversas zonas.
Acción Nacional habló sobre los recientes casos en los que diversos funcionarios públicos de Morena fueron acusados de presunto narcotráfico por autoridades extranjeras; en específico, se refirió a los casos de Sinaloa con Rubén Rocha Moya, Sonora con Alfonso Durazo y Tamaulipas con Américo Villarreal.
Mencionaron que estos casos “han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político” y es por esto que acudieron a la Corte Penal Internacional, pues a las instituciones nacionales no las consideran capaces de garantizar investigaciones en cuanto a estos temas.
Por último, aseguraron que el PAN seguirá denunciando lo que se tenga que denunciar. Advirtieron que las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas, así como que los delincuentes enfrenten la justicia.