La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz exigió el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán, Raúl González, quien presuntamente habría ordenado el secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán. La comunicadora fue sustraída de su domicilio el pasado 2 de junio, en Nanchital, Veracruz. De acuerdo con la información, Roxana poseía una fotografía del edil de Movimiento Ciudadano portando un arma.
En la petición de la FGE también se incluyó al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque aún no se han detallado los señalamientos por los que fue vinculado al caso de la periodista Roxana. La fiscalía únicamente hizo públicos los cargos hacia el edil de Ixhuatlán.
Las investigaciones sostuvieron que Raúl González Martínez ordenó el secuestro y homicidio de la comunicadora de Nanchital, por lo que fue señalado como presunto autor intelectual del crimen en contra de Roxana Guzmán.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la FGE, la periodista contaba con una fotografía en la que Raúl González aparecía supuestamente portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Según la hipótesis del Ministerio Público, la fotografía no debía hacerse pública.
Entre los documentos entregados al Congreso de Veracruz se indicó que el presidente municipal presuntamente mantuvo contacto con el líder operativo del Grupo Sombra (o Mafia Veracruzana), considerado la célula criminal más poderosa y violenta de la entidad. El hombre con el que el edil tuvo contacto fue identificado como “Shelby” o “Tommy”, a quien le solicitó el asesinato de la comunicadora.
Según la reconstrucción del caso realizada por la fiscalía, un grupo armado ingresó violentamente a la vivienda de la periodista ubicada en Nanchital. Posteriormente fue privada de la libertad y permaneció en calidad de desaparecida durante casi un mes. Se confirmó el asesinato de Roxana después de que peritos localizaron sus restos en una fosa clandestina de un predio ubicado en Ixhuatlán del Sureste.
Como parte de la investigación, la fiscalía vinculó a proceso penal a ocho personas señaladas como presuntas responsables del homicidio doloso de la comunicadora; entre ellos se encuentran tres policías y un comandante municipal.
En cuanto a Raúl González, la solicitud presentada por la fiscalía estatal no implica una detención inmediata del edil, pues al ser funcionario de elección popular cuenta con fuero constitucional. Por ello, el Congreso de Veracruz debe resolver primero la petición de desafuero. Si los diputados llegasen a aprobar el mecanismo, entonces la FGE podrá juzgar al alcalde bajo las mismas leyes que cualquier otro ciudadano.