Lo que comenzó como una desesperada súplica pública terminó convirtiéndose en una denuncia de presunta persecución institucional. Juan Leonardo Pérez Téllez, padre de un menor con autismo en Tizayuca, volvió a encender las redes sociales luego de acusar amenazas, hostigamiento y vigilancia por parte de funcionarios de Hidalgo tras denunciar el presunto abuso sexual de su hijo dentro de una primaria del estado.
El caso se hizo nacionalmente conocido en enero de este año, cuando el padre interrumpió un evento público de Claudia Sheinbaum para pedir ayuda y exigir justicia. Frente a cámaras y asistentes, aseguró que autoridades estatales habían ignorado pruebas y retrasado las investigaciones relacionadas con la presunta agresión sexual contra su hijo, un niño diagnosticado dentro del espectro autista.
Ahora, meses después, la denuncia tomó un giro aún más delicado. En videos difundidos en redes sociales, Pérez Téllez asegura que camionetas oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo siguen a su familia y vigilan sus movimientos. También afirma haber recibido llamadas intimidatorias luego de exponer públicamente el caso y denunciar posibles actos de corrupción y encubrimiento dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El padre sostiene que él, su esposa y su hijo viven bajo miedo constante y acusa directamente al gobierno encabezado por Julio Menchaca de permitir un ambiente de intimidación contra víctimas que exigen justicia. Incluso pidió apoyo internacional al presidente Donald Trump y afirmó sentirse abandonado por las autoridades mexicanas.
De acuerdo con reportes publicados por medios nacionales, el menor habría sufrido presunto abuso sexual agravado dentro de la primaria “Donaciano Serna Leal”. El director del plantel, identificado como René C.B., fue separado temporalmente de sus funciones mientras enfrenta un proceso judicial. Sin embargo, continúa el proceso en libertad gracias a recursos legales y amparos obtenidos durante el procedimiento.
Otra de las acusaciones más graves del padre es que presuntamente se habría excluido la declaración del menor dentro del proceso judicial, situación que considera una forma de silenciar a la víctima y favorecer al acusado. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una respuesta pública detallada sobre las nuevas acusaciones de amenazas y persecución.
Mientras tanto, el caso continúa creciendo en redes sociales y se convirtió en símbolo del reclamo de muchas familias que denuncian abandono institucional, falta de atención a menores neurodivergentes y posibles irregularidades en procesos judiciales relacionados con violencia infantil.
