La bancada de Morena en el Congreso de la Unión ya perfila la ruta legislativa para sacar adelante un periodo extraordinario con el que buscará aplazar de 2027 a 2028 la segunda etapa de la reforma judicial, una decisión que detonó una nueva confrontación con la oposición, cuyos legisladores ahora exigen cancelar por completo la elección judicial al considerar que el oficialismo intenta corregir “sobre la marcha” un modelo que, aseguran, ya mostró fallas operativas, técnicas y constitucionales.
De acuerdo con el calendario presentado por legisladores de Morena, el procedimiento comenzó este lunes 18 de mayo con el envío formal de la iniciativa presidencial a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Posteriormente, el oficialismo buscaría que el jueves 21 de mayo se apruebe la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones y así discutir las modificaciones a la reforma judicial. Incluso, dentro de Morena ya se contempla que el periodo extraordinario pueda realizarse el próximo 27 de mayo para votar el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028.
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca modificar la segunda etapa de la reforma judicial aprobada en 2024, específicamente la elección popular de jueces, magistrados y ministros programada originalmente para 2027.
Aunque el gobierno federal sostiene que el aplazamiento pretende evitar irregularidades y mejorar la operación del nuevo sistema judicial-electoral, la oposición afirma que Morena en realidad está reconociendo que la reforma fue aprobada sin suficiente planeación y que el modelo enfrenta problemas de viabilidad.
La segunda fase de la reforma contempla la renovación mediante voto ciudadano de cientos de cargos judiciales federales que no participarán en la primera elección judicial. Sin embargo, durante la organización del nuevo esquema comenzaron a surgir advertencias sobre complicaciones técnicas, presupuestales y logísticas relacionadas con la selección de candidatos, la fiscalización de campañas, la organización electoral y los perfiles de quienes podrían llegar al Poder Judicial.
Entre los cambios que Morena y el gobierno federal analizan se encuentran nuevos filtros técnicos para aspirantes, evaluaciones más estrictas, entrevistas especializadas y la creación de mecanismos que reduzcan el número de candidaturas en las boletas electorales. También se estudia reorganizar los distritos judiciales y homologar reglas para futuras elecciones judiciales en los estados.
Además, el Instituto Nacional Electoral advirtió que celebrar elecciones judiciales en 2027 junto con otros procesos electorales podría generar saturación logística y complicaciones presupuestales, uno de los argumentos que Morena utiliza para justificar el aplazamiento hasta 2028.
Sin embargo, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la propuesta y sostuvieron que el problema no es la fecha de la elección, sino el modelo completo de elección popular de jueces y magistrados.
Desde el Senado, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños acusó al oficialismo de intentar “maquillar” el fracaso de la reforma judicial y afirmó que Morena ahora busca reconstruir mecanismos técnicos que anteriormente eliminó.
El senador priista aseguró que la reforma destruyó la carrera judicial y convirtió la impartición de justicia en un “experimento político”, además de señalar que Morena terminó regresando a figuras que antes criticaba, como los exámenes de oposición y las evaluaciones técnicas para aspirantes judiciales.
“Se les hizo bolas el engrudo a la 4T. Están maquillando el desastre” declaró Añorve al referirse a la intención de aplazar la segunda elección judicial.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda acusó a Morena de intentar “corregir su propio desastre” luego de aprobar la reforma sin escuchar las advertencias de especialistas, jueces, universidades y organismos internacionales.
Movimiento Ciudadano sostuvo que durante meses el oficialismo defendió la reforma judicial como una transformación democrática histórica, pero ahora reconoce problemas de viabilidad operativa y constitucional que podrían afectar la legitimidad del proceso.
El PAN también endureció su postura y afirmó que la discusión ya no debería enfocarse en aplazar la elección judicial, sino en cancelarla completamente. Legisladores panistas argumentaron que la independencia judicial no puede quedar sujeta a campañas políticas ni a procesos electorales que podrían abrir la puerta a intereses partidistas o grupos de poder.
