Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, sus militantes evitaron hablar de una de las problemáticas en su agenda más reciente: las acusaciones federales de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos que pertenecen al oficialismo. En el evento, Morena eligió como su nueva dirigente a Ariadna Montiel, quien había sido designada como titular de la Secretaría del Bienestar por la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras los morenistas evitaron hablar del tema, Sinaloa vivió una ola de violencia durante el fin de semana.
Mientras el Congreso se realizaba, en Sinaloa se registraron dos balaceras en la zona de Tres Ríos, las cuales dejaron un saldo de al menos cuatro fallecidos y una mujer lesionada. Las balaceras se registraron frente a la plaza comercial Desarrollo Urbano Tres Ríos y otra dentro del inmueble.
Civiles de Sinaloa vivieron una noche de terror y violencia brutal, por el contrario de lo que vivieron los asistentes del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, pues los congresistas procedentes de dicho estado corearon durante el evento en repetidas ocasiones “Rocha, Rocha, Moya, Moya” como apoyo al ahora exgobernador señalado de tener vínculos con el narcotráfico.
A finales de abril, Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena, dejó dicho cargo para cumplir con la nueva enmienda que la presidenta le designó. El 30 de abril, Alcalde tomó el cargo de Consejera Jurídica de la Presidencia para formar parte del gabinete de Sheinbaum. Tras esta invitación, la dirigencia de Morena convocó a los militantes del partido a participar en el VIII Congreso Nacional Extraordinario para designar a un nuevo líder.
Dicho Congreso se llevó a cabo el domingo 3 de mayo en la Ciudad de México y, por unanimidad de votos, se escogió a Ariadna Montiel como la nueva presidenta nacional de Morena. Para ser propuesta en este proceso electoral interno, Montiel dejó su cargo como secretaria del Bienestar solo tres días antes del evento, pues aseguró que buscaba cumplir con nuevos objetivos dentro del partido oficialista.
No obstante, de cara a las próximas elecciones de 2027, Morena enfrenta una de las crisis políticas más graves en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) emitió diez acusaciones federales en contra de funcionarios que militan en el oficialismo. Entre ellos, Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, entre los que se incluye al senador Enrique Inzunza Cázares y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Los diez sujetos fueron acusados de participar en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico” relacionada con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Con el abuso de su poder como funcionarios estatales, ayudaron a que la organización criminal lograra importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos.
Entre las acciones realizadas por los funcionarios oficialistas: presuntamente protegieron de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos a los líderes de la organización criminal; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército; ordenaron la protección de cargamentos de droga; y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal.
Después de que las acusaciones se hicieron de conocimiento público, algunos militantes del partido decidieron posicionarse en contra de lo dicho por el DOJ, pues aseguraron que aún no existían pruebas contundentes que confirmaran la veracidad de tales imputaciones. Además, Rocha Moya y Gámez Mendívil solicitaron licencias temporales para separarse de sus cargos y “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”, según lo dicho por Rocha Moya.
A pesar de que este tema se encuentra vigente dentro de la agenda del partido oficialista, durante el Congreso evitaron a toda costa hacer mención de ello o emitir algún posicionamiento a favor o en contra de las acusaciones del DOJ.
En su discurso de toma de posesión, Ariadna Montiel dijo estar del lado de la justicia y que en las próximas elecciones de 2027 no hay cabida dentro del partido para candidaturas corruptas; sin embargo, no habló explícitamente del caso de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios.