Recientemente se dio a conocer el autosecuestro de la presidenta municipal Nancy Nápoles Pacheco, de Tenancingo, Estado de México; tras el hecho, la dirigencia nacional de Morena exhortó a que se le suspendan sus derechos partidarios. En contraste con el caso de la edil, se encuentra el grupo de funcionarios de Sinaloa acusados en Estados Unidos, quienes siguen cobrando mensualmente, pues el partido oficialista los ha respaldado.

Tras haber sido acusados el 29 de abril por fiscales de la Corte de Nueva York, el Gobierno federal aseguró que no puede ejecutar las órdenes de aprehensión emitidas por Estados Unidos debido a que no cuentan con pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los diez morenistas.

Los acusados, entre los que destacan el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, fueron vinculados a una presunta red de narcotráfico ligada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los funcionarios abusaron de su poder durante la gubernatura de Rocha Moya para actuar en favor del grupo delictivo y permitir que operara con total impunidad en el estado, lo que generó una ola de violencia y el crecimiento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

A meses de emitirse las acusaciones, Rubén Rocha Moya sigue sin aparecer públicamente; sin embargo, continúa gozando de su sueldo debido a su solicitud de licencia temporal para separarse de su cargo mientras se realizan las diligencias de su caso. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el mandatario estatal se fue a vivir a un rancho a 110 kilómetros al norte de Culiacán después de ser imputado.

El senador Enrique Inzunza, quien no pidió licencia pero sigue sin asistir a la Cámara Alta, continúa cobrando su dieta mensual a través de cheques, debido al bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Otro de los imputados es Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Mérida decidió, por voluntad propia, entregarse a Estados Unidos y se ofreció como testigo cooperante en el caso. De la misma forma, Enrique Díaz, secretario de Administración y Finanzas durante la gubernatura de Rocha Moya, viajó a Irlanda para negociar desde ahí con el Gobierno estadounidense los términos de su papel como testigo cooperante.

Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, intentó realizar la misma táctica que los dos funcionarios anteriores; no obstante, en su camino hacia Estados Unidos recibió llamadas con amenazas hacia su familia, por lo que terminó regresando a México.

A pesar de los intentos del Gobierno federal por respaldar a los funcionarios, argumentando que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que la Cancillería mexicana solicitó, las autoridades del país vecino aseguraron que Mérida, al entregarse, otorgó documentación física y una USB con información sobre el caso. Además, una jueza de la Corte de Nueva York aseguró que había pruebas abundantes.

Actualmente, la Fiscalía General de la República realiza una investigación a los diez funcionarios, después de citarlos a comparecer sobre el caso en calidad de testigos. No obstante, el Gobierno de Estados Unidos ha insistido en que la administración de Claudia Sheinbaum debe fortalecer sus medidas en el combate al crimen organizado.