Mientras cientos de aspirantes de Morena ya realizan actividades para posicionarse rumbo a las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no cuenta con lineamientos específicos para regular y fiscalizar este tipo de procesos internos anticipados, situación que ha generado un debate sobre la equidad en la contienda y los límites entre la organización partidista y los actos anticipados de campaña.
Morena decidió adelantar alrededor de seis meses la definición de quienes encabezarán sus proyectos políticos en las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Para ello, el partido abrió un proceso interno para elegir a los llamados coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, una figura que ya utilizó previamente en las elecciones presidenciales de 2024 y en diversos procesos locales. Aunque formalmente estos coordinadores no son candidatos, en la práctica suelen convertirse posteriormente en los abanderados oficiales del partido.
La dirigencia nacional de Morena estableció que también serán designados coordinadores distritales y municipales como parte de su estructura territorial rumbo a los comicios de 2027. El método de selección contempla registros, evaluaciones y encuestas internas, con el argumento de fortalecer la organización del partido antes del inicio legal del proceso electoral.
Sin embargo, mientras se desarrolla ese proceso interno, más de 300 aspirantes ya realizan actividades públicas para incrementar su nivel de conocimiento entre la ciudadanía. De acuerdo con distintos reportes, participan en asambleas organizadas por Morena, recorren municipios, sostienen reuniones con militantes y simpatizantes, ofrecen discursos sobre sus aspiraciones políticas, mantienen una intensa promoción personalizada en redes sociales, reparten propaganda como playeras, gorras y folletos, e incluso organizan eventos con grupos musicales, porras y movilización de simpatizantes.
Al no tratarse oficialmente de campañas o precampañas, esos gastos no están siendo fiscalizados por el INE bajo las reglas que normalmente aplican durante los procesos electorales. Tampoco existe actualmente una obligación específica para reportar esos recursos como gastos de campaña.
Precisamente para atender ese vacío legal, el consejero electoral Arturo Castillo impulsó un proyecto de lineamientos que buscaba regular estos procesos internos anticipados de todos los partidos políticos. La propuesta contemplaba establecer reglas para la fiscalización de gastos relacionados con bardas, espectaculares, propaganda, promoción personalizada, uso de radio y televisión, participación de personas servidoras públicas y otras actividades realizadas antes del inicio formal de las precampañas.
No obstante, el Consejo General del INE no alcanzó un consenso para aprobar esos lineamientos y decidió posponer su discusión. Como resultado, el instituto continúa sin un marco específico para supervisar estas actividades políticas que ocurren durante los periodos no contemplados expresamente por la legislación electoral.
Tras la decisión, Arturo Castillo expresó públicamente su desacuerdo y cuestionó que el árbitro electoral permanezca sin intervenir mientras los partidos ya desarrollan procesos internos de gran escala.
“Está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, señaló el consejero al referirse al proceso que Morena inició con varios meses de anticipación.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo por su parte que existe un vacío en la legislación respecto a los años previos al proceso electoral formal y consideró que corresponde al Poder Legislativo establecer reglas para esos periodos. Explicó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula las precampañas, campañas y los actos anticipados, pero deja sin regulación específica los años previos en los que actualmente se desarrollan estas actividades partidistas.
Especialistas en materia electoral han señalado que, aunque jurídicamente Morena presenta estas actividades como un proceso interno de organización, muchas de las acciones que realizan los aspirantes tienen características similares a una campaña política, pues buscan posicionar su imagen ante el electorado antes de los tiempos establecidos por la ley. Sin embargo, determinar si constituyen actos anticipados de campaña depende de un análisis caso por caso conforme a la legislación vigente y de las resoluciones que emita el Tribunal Electoral, por lo que no existe una determinación general que establezca que todas estas actividades sean ilegales.
