Gracias a nuevos documentos obtenidos por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, se ha comprobado que el buque Challenge Procyon habría introducido por el puerto de Tampico 20 millones 944 mil litros de diésel, y no 10 millones de litros como originalmente el mismo Gobierno Federal había reportado como decomisado en marzo del año pasado.
En esos mismos documentos también se expone que la operación de huachicol fiscal que se descubrió hace más de un año se originó en Texas, debido a que la empresa estadounidense Hevi Transport LLC , quien fue la que realizo el envio, había registrado el embarque como “aditivos para aceites lubricantes”, a pesar de que en los dictámenes químicos practicados posteriormente por especialistas de aduanas concluyeron que la mercancía era diésel automotriz de ultra bajo azufre.
De manera similar, se evidenció que mientras las Secretarías de Marina, Defensa, Seguridad Pública federal y la Fiscalía General de la República habían anunciado en marzo de 2025 que se aseguraron 10 millones de litros de combustible ilegal en Tampico, los documentos mercantiles y aduaneros revisados por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” acreditan que el cargamento original duplicaba ese volumen.
Esto debido a que la guía marítima del Challenge Procyon que fue emitida por Hevi Transport consignaba un embarque neto de 17 millones 459 mil 290 kilogramos de producto enviado desde Houston, Texas, hacia Tampico, de esta manera la propia documentación comercial señala un volumen de 5 millones 460 mil galones, que serían equivalentes a poco más de 20.6 millones de litros.
Se presume que el destinatario de la carga era Intanza SA de CV, una empresa domiciliada en Monterrey.
De igual manera, la factura HT081, que fue expedida el 16 de marzo de 2025 por Hevi Transport LLC, confirma nuevamente la magnitud de esta operación, pues ahí se establece un cobro por 5 millones 460 mil galones de “aditivos para aceites lubricantes”, con un monto total de 2 millones 662 mil dólares, que serían equivalente a unos 53 millones de pesos, incluyendo flete marítimo y cargos por demora.
En donde además se instruye a Intanza, que sería la empresa destinataria en México, que el pago se realice en una cuenta del banco Hancock Whitney, con sede en Mississippi; sin embargo, la factura contenía información falsa, esto fue confirmado por expedientes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la entidad que practicó una revisión física y documental de las mercancías.
Pues uno de los expedientes obtenidos por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” reveló que el pedimento fue tramitado bajo la fracción arancelaria 3811.21.07, que corresponde a “aditivos para aceites lubricantes”; pero, tras el reconocimiento aduanero, la autoridad ordenó la toma de muestras y solicitó un análisis especializado a la Dirección General Jurídica de Aduanas; resultando en el dictamen oficial emitido el 22 de marzo de 2025 que determinó finalmente que las muestras analizadas correspondían a “aceite diésel (gasóleo), con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm”.
Según “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, los documentos dejan ver que la operación siguió el patrón clásico del huachicol fiscal: declarar mercancías bajo fracciones arancelarias distintas para evitar controles regulatorios, obligaciones sectoriales e impuestos aplicables a combustibles.
El hallazgo más delicado que reportan los documentos de la Agencia Nacional de Aduanas de México es la carga total que traía el barco; pues si el buque transportaba más de 20 millones de litros y el Gobierno sólo reportó el aseguramiento de 10 millones, entonces la mitad del cargamento desapareció antes de quedar bajo resguardo oficial.
Y de esta manera a pesar de que ha quedado plenamente demostrado el volumen real que introdujo el buque, las autoridades federales nunca han explicado qué ocurrió con la mitad de la carga desaparecida; De hecho, oficialmente el gobierno sólo reconoce públicamente el decomiso de 10 millones de litros.
