La Fiscalía General de la República reactivó y concentró en una sola línea de investigación dos de los casos más delicados de la política reciente en Sinaloa: el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y la presunta intervención del crimen organizado en la elección de 2021 que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura del estado. La nueva indagatoria busca determinar si ambos hechos están conectados por una misma red de complicidades entre actores políticos y grupos ligados al narcotráfico, particularmente facciones del Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico.
Héctor Melesio Cuén fue una de las figuras políticas y académicas más influyentes de Sinaloa. Era químico farmacobiólogo, fundador del Partido Sinaloense, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex alcalde de Culiacán. Durante años mantuvo una fuerte presencia política en el estado y fue aliado y posteriormente rival político de Rubén Rocha Moya. Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024. Inicialmente, la Fiscalía de Sinaloa sostuvo que había sido víctima de un intento de robo en una gasolinera de La Presita, en Culiacán, y difundió incluso un video de seguridad para respaldar esa versión.
Sin embargo, la versión comenzó a derrumbarse después de que Ismael “El Mayo” Zambada difundiera una carta tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos. En ese documento, el histórico líder del Cártel de Sinaloa afirmó que Cuén fue asesinado dentro de la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, el mismo sitio donde él aseguró haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la carta, tanto Cuén como Rubén Rocha Moya habían sido convocados a una reunión en esa propiedad. “El Mayo” aseguró que Cuén murió “a la misma hora y en el mismo lugar” donde ocurrió su secuestro.
La finca Huertos del Pedregal se convirtió desde entonces en una pieza central de la investigación federal. La FGR detectó múltiples irregularidades en la carpeta elaborada por la Fiscalía estatal y comenzó a replantear completamente la narrativa oficial del crimen. Entre las inconsistencias señaladas se encuentran lesiones que no fueron documentadas adecuadamente en la necropsia original, ausencia de evidencia balística concluyente en la gasolinera donde supuestamente ocurrió el ataque y testimonios de empleados del lugar que afirmaron no haber presenciado el tiroteo descrito por las autoridades locales.
También se investigan posibles alteraciones en la escena del crimen y un presunto montaje institucional para sostener la versión del robo. Diversos medios reportaron que la FGR considera que la narrativa inicial habría buscado encubrir lo que realmente ocurrió dentro de la finca. El caso derivó además en cuestionamientos contra funcionarios de la Fiscalía estatal que participaron en las primeras diligencias.
Paralelamente, la Fiscalía federal retomó las investigaciones relacionadas con la elección de 2021 en Sinaloa. La línea de investigación busca esclarecer si operadores del Cártel de Sinaloa participaron en la campaña de Rubén Rocha Moya mediante presión a actores políticos, financiamiento ilegal, secuestros, amenazas o movilización territorial a favor de Morena.
Las acusaciones cobraron fuerza después de que autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con grupos criminales. Según información revelada en investigaciones judiciales en Estados Unidos, la facción de Los Chapitos habría apoyado la llegada de Rocha Moya al poder a cambio de protección política y garantías de operación para el cártel.
A pesar de la gravedad de las investigaciones, Rubén Rocha Moya no ha sido citado a declarar por la FGR ni siquiera en calidad de testigo, aunque el nombre del mandatario aparece directamente mencionado en la carta de “El Mayo” Zambada como uno de los asistentes previstos a la reunión en Huertos del Pedregal. Medios nacionales reportan que las autoridades federales siguen esperando información formal proveniente de Estados Unidos sobre los presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el narcotráfico.
Uno de los testimonios más citados es el de la diputada priista Paola Gárate, quien aseguró que, además de ella, más de 200 personas fueron privadas de la libertad durante la elección y describió el proceso como una “narcoelección”. Colectivos civiles sostienen que las denuncias permanecieron congeladas durante años y que apenas ahora comenzaron a ser retomadas por las autoridades federales.
