Una jueza federal ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar por completo la investigación contra el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de participar en una red de huachicol fiscal, un caso que ha sacudido a las instituciones de seguridad y obligado a replantear prácticas de investigación penal en México.
La justicia determinó que la defensa debe tener acceso integral al expediente, compuesto por 20 tomos completos, y ver la carpeta original sin testaduras para garantizar el derecho a una defensa efectiva, informó el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados.
El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando la FGR detuvo a Farías Laguna en Sonora y lo vinculó a proceso bajo la causa penal 325/2025 por su presunta participación en una red de huachicol fiscal: un esquema de tráfico de combustible y evasión de impuestos mediante la introducción ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos utilizando puertos y aduanas marítimas clave.
La Fiscalía General de la República acusa que esta organización, conocida como “Los Primos”, operó desde al menos 2023, con la participación de altos mandos navales, exfuncionarios de aduanas y empresarios, facilitando la entrada ilegal de millones de litros de combustible disfrazados para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En algunos reportes periodísticos se menciona que la estructura habría permitido la entrada de más de 30 buques con hidrocarburos ilegales, generando enriquecimiento ilícito y daño fiscal de millones de dólares.
Manuel Roberto Farías Laguna es un alto mando de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) con décadas de servicio, y junto con su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, se ubicaron en el centro de esta compleja red, lo que elevó el perfil mediático y político del caso.
La defensa, representada por el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, ha denunciado que la FEMDO entregó información incompleta y con documentos testados, impidiendo el acceso total al expediente y afectando así el derecho constitucional al debido proceso. Argumentan que la fiscalía decidió unilateralmente qué partes mostrar y cuáles ocultar, lo que provocó impugnaciones legales.
La jueza de control, Mariana Vieyra Valdez, concluyó que esta práctica vulnera garantías constitucionales y ordenó a la FEMDO entregar todos los tomos del expediente y permitir la revisión de la carpeta original sin restricciones, bajo control judicial y en un plazo perentorio. Esta decisión marca un freno a la discrecionalidad del Ministerio Público y reafirma que la transparencia y el respeto al debido proceso son esenciales incluso en investigaciones de alto impacto social y político.
El caso sigue en desarrollo, mientras autoridades judiciales y de seguridad enfrentan el desafío de equilibrar la investigación de delitos graves con el respeto a las garantías individuales de los imputados.
