Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos continúan generando indignación y protestas, particularmente en la ciudad de Minneapolis, donde los enfrentamientos entre agentes federales y civiles se han intensificado en los últimos días. Videos difundidos en redes sociales y retomados por diversos medios muestran que las acciones de ICE no solo no se han detenido, sino que se han vuelto cada vez más agresivas.
El caso más reciente ocurrió durante una protesta, cuando agentes de ICE sacaron por la fuerza a una mujer de su automóvil. En las imágenes se escucha a la conductora afirmar que es discapacitada y que se dirigía a una cita médica. Testigos relataron escenas de confusión, gritos y reclamos, mientras los agentes rompían la ventana del vehículo para concretar el arresto. El momento desató una oleada de críticas por el uso de la fuerza y el trato hacia una civil que no representaba una amenaza visible.
Este hecho se suma a un contexto de alta tensión en Minneapolis. Días antes, un agente de ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, un episodio que marcó un punto de quiebre para la comunidad local. Desde entonces, se han multiplicado las marchas, vigilias y protestas contra las tácticas del organismo federal al que acusan de actuar con violencia desproporcionada y de vulnerar derechos civiles.
Pese a las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE han defendido sus acciones. Voceros oficiales sostienen que los agentes cumplen con su deber y que arrestarán a cualquier persona que, a su juicio, obstruya los operativos. En el caso de la mujer sacada del auto, la versión oficial apunta a que bloqueaba el paso durante una operación en curso.
Sin embargo, organizaciones civiles, activistas y parte de la opinión pública consideran que estos argumentos no justifican el nivel de fuerza empleado. Para muchos, los recientes episodios evidencian un patrón de actuación que prioriza la confrontación sobre el diálogo en un clima ya marcado por el miedo, la polarización y la desconfianza hacia las autoridades migratorias.
Mientras los operativos continúan y las protestas no cesan, Minneapolis se ha convertido en el reflejo de un debate nacional: hasta dónde puede llegar la aplicación de la ley migratoria sin vulnerar derechos humanos fundamentales.
