El Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) presentó una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se solicite de manera formal que se pospongan las elecciones judiciales de 2027, al celebrarse al mismo tiempo que las elecciones ordinarias de distintas entidades federativas. El CNLE advirtió que se trata de una contradicción constitucional.

De acuerdo con lo que expuso el Consejo, la Constitución mexicana establece dos mandatos que no son compatibles: el primero, excluir a los partidos políticos durante la elección judicial; y el segundo, exigir su participación obligatoria en las elecciones ordinarias. Ambas jornadas electorales se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 2027.

El CNLE puntualizó que ambos procesos estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que cuestionó cómo es posible que se lleven a cabo dos procesos el mismo día en los que, en uno se exige la participación de partidos políticos y en otro se prohíbe. Se señaló que la imposibilidad no es “operativa”, sino que se trata de una “incoherencia de rango constitucional” que vulnera algunos derechos.

En la declaración del Consejo se expuso que, de no diferir las elecciones de 2027 a 2028, se pone en riesgo el derecho al voto, el derecho a ser votado, la certeza electoral y la independencia judicial.

En el documento se advirtió que el problema planteado ante el TEPJF no es solo de validez, sino de compatibilidad, pues existen dos sistemas normativos y constitucionales que son incompatibles al momento de llevarse a cabo de manera simultánea bajo el mismo órgano electoral, en este caso el INE.

Debido a lo expuesto, el Consejo solicitó que la Sala Superior, en su calidad de máxima autoridad jurisdiccional electoral y encargada de garantizar la legalidad de los procesos electorales en el país, reconozca de manera formal que existe una contradicción al ser el INE quien esté a cargo de las elecciones ordinarias y de las judiciales de 2027.

El CNLE propuso como solución que el proceso judicial se postergue a 2028 o, en todo caso, que se emita un requerimiento al Congreso de la Unión para que se convoque a un período extraordinario de sesiones y se logre resolver la incompatibilidad expuesta por la organización.

Agregaron que la preparación de dichos procesos electorales está próxima a iniciar, en septiembre de 2026, por lo que si la Sala Superior no realiza un pronunciamiento previo a que se inicie este periodo, el INE estará forzado a realizar un proceso que presenta una incoherencia constitucional que no fue atendida y que no había ocurrido en el país.

Durante las elecciones ordinarias se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas de entidades federativas y 2 mil presidencias municipales, por lo que se votará de manera federal y local. Por otro lado, en las elecciones judiciales se elegirán magistraturas de circuito, juzgados de distrito y magistraturas del Tribunal Electoral, lo que vuelve el proceso electoral uno de los más complejos que ha tenido el país.