Un ciudadano mexicano, identificado como Javier Aguilar, con residencia en Houston, Texas, fue condenado en Brooklyn, Nueva York, a cuatro años en prisión por el delito de soborno a funcionarios de Ecuador y de México. El sentenciado fungía como operador de contratos de petróleos y estaba vinculado a Pemex, Pemex Procurement International y Vitol.
De acuerdo con las autoridades de justicia de Estados Unidos, Aguilar habría pagado alrededor de 600 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y Pemex Procurement International, con el fin de obtener contratos que le permitieran a Vitol suministrar etano a la empresa mexicana, con un valor de cientos de millones de dólares.
Javier Aguilar fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos desde julio de 2020, en el momento de su llegada a Estados Unidos en un avión. El sujeto fue acusado por los delitos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de lavado de dinero.
En la acusación en su contra se señaló que el mexicano pagó maps de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petroecuador y de Pemex Procurement International, con el objetivo de mantener negocios para la empresa que, en ese entonces, era su empleador: Vitol, una de las mayores comercializadoras de hidrocarburos a nivel mundial.
Las autoridades estadounidenses determinaron que, además de los cuatro años en prisión, Javier Aguilar deberá pagar 7.13 millones de dólares bajo el concepto de decomiso, así como una multa relacionada a los delitos por 100 mil dólares.
“La sentencia deja claro que actores corruptos, como Javier Aguilar –quien facilitó y lideró dos importantes tramas internacionales de soborno y blanqueo de capitales–, serán llevados ante la justicia y castigados como corresponde”, señaló Andrew A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el juicio se dio a conocer que entre 2015 y 2020, el mexicano trabajó como un operador comercial para Vitol. Como parte de su red, Aguilar, junto con sus cómplices, acordaron sobornar a altos funcionarios ecuatorianos para conseguir un contrato de 300 millones de dólares destinado a la compra de combustible para Vitol.
Además, las autoridades judiciales informaron que Aguilar y sus cómplices habrían utilizado una entidad estatal de Medio Oriente para poder eludir las restricciones de Petroecuador acerca de la contratación de empresas del sector privado.