La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Pablo Osorio Sánchez, al considerar que enfrenta una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida e integridad están en riesgo. Pablo desapareció a principios de 2026 en Sinaloa, de camino a su trabajo. Tras su desaparición, se encontró una fosa clandestina; sin embargo, hasta el día de hoy no se han realizado pruebas de ADN con sus familiares.
Pablo Osorio es un ingeniero civil de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca. Trabajaba en La Concordia para la empresa Cicar S.A. de C.V., en donde estaba a punto de concluir una residencia en febrero del presente año.
En el momento de su desaparición, el hombre se encontraba en una parada de autobuses de la autopista Durango-Mazatlán, para llegar a su lugar de trabajo en La Concordia. De acuerdo con la información, Pablo realizaba actividades profesionales vinculadas a obras de infraestructura de carreteras.
Antes de ser secuestrado, Pablo sostenía una llamada telefónica con su novia, por lo que se informó que ella escuchó voces masculinas y, posteriormente, se cortó la comunicación de manera abrupta. Después de este hecho, su familia no volvió a saber nada de Pablo.
De acuerdo con la CIDH, la familia de la víctima de desaparición denunció una simultaneidad de desapariciones de ingenieros y profesionales en la zona de Sinaloa e informó sobre el hallazgo de una fosa clandestina cerca del lugar de los hechos. No obstante, las autoridades correspondientes no han realizado la confrontación de muestras de ADN de los cuerpos encontrados con los familiares de Pablo.
Por su parte, la Comisión informó que el Estado alegó que, desde que se dio a conocer la desaparición del ingeniero civil en La Concordia, diversas autoridades federales y estatales realizaron acciones dirigidas a localizar a Pablo y encontrar a las personas responsables de su desaparición.
Debido a que la CIDH observó que las autoridades no han logrado establecer el paradero del hombre a cuatro meses de su desaparición, se evaluó que es crucial fortalecer las acciones de búsqueda a partir de la información que se obtenga de las personas ligadas a la investigación.
La Comisión solicitó al Gobierno mexicano que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Pablo Osorio, así como redoblar los esfuerzos que lleven a determinar la situación y paradero del hombre a través de la implementación de un plan de búsqueda.
Reiteró que se debe dar seguimiento a los acuerdos que se alcanzaron el 13 de febrero de 2026 en la reunión interinstitucional, además de adoptar medidas efectivas para la realización y pronta obtención de resultados de las muestras genéticas que están pendientes.
Por último, la CIDH solicitó que se acuerde con los familiares y la representación de Pablo Osorio cuáles serán las medidas que se implementarán sobre su caso, así como informar sobre las acciones a dicha autoridad con el fin de investigar la diligencia de los hechos que se desarrollaron en La Concordia.