El gobierno de Felipe Calderón terminó por convertir el caso Cassez en emblema de su propia impunidad y la de su secretario consentido, Genaro García Luna. Recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y por ende la libertad– a la francesa. Como secretario de Seguridad Pública de Calderón, García Luna se pasó el sexenio construyendo pruebas para justificar ante los tribunales la detención y arraigar en la opinión pública la acusación sobre la presunta participación de Cassez en la banda de secuestradores.