El Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por su dirigente nacional Jorge Romero Herrera, presentó en el Senado de la República un paquete de iniciativas parlamentarias que buscan regular el ejercicio del derecho de réplica en las conferencias matutinas de la Presidencia de la República.
La propuesta establece que el Ejecutivo federal deberá responder en un plazo máximo de tres días hábiles a cualquier solicitud interpuesta por ciudadanos, comunicadores u opositores políticos que se consideren aludidos o afectados por los señalamientos emitidos en dicho espacio gubernamental.
Durante el anuncio, realizado en una conferencia de prensa en las instalaciones del Senado, Romero Herrera cuestionó el uso del aparato estatal en las conferencias encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que las transmisiones diarias cuentan con amplia cobertura pública y se utilizan para emitir valoraciones y datos sin que exista un mecanismo inmediato de contraste para los actores mencionados.
El dirigente del PAN ejemplificó la ausencia de vías rápidas para que legisladores, medios de comunicación u organizaciones civiles puedan responder cuando son objeto de comentarios o clasificaciones en las conferencias oficiales.
La propuesta legislativa incluye modificaciones de carácter constitucional y estatutario. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, detalló que la iniciativa contempla reformar el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de ampliar el catálogo de sujetos obligados e incluir expresamente a la Presidencia de la República y al Gobierno federal en las conferencias informativas diarias.
Asimismo, el proyecto plantea cambios al artículo 38 constitucional y a la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica. Según lo expuesto por la representación parlamentaria, las reformas buscan establecer un régimen de sanciones aplicable a los servidores públicos que empleen recursos e infraestructura del Estado para amedrentar, acosar o señalar a comunicadores, ciudadanos u organizaciones críticas de la gestión pública.
La bancada panista argumentó que la legislación vigente requiere certeza jurídica y plazos definidos, citando antecedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las obligaciones de las autoridades en esta materia.
De manera adicional, el paquete legislativo impulsado por el PAN contempla la elaboración de una nueva Ley de Comunicación Social. La iniciativa fue enlistada para su trámite legislativo en el Congreso de la Unión y deberá pasar por el proceso de dictaminación en comisiones antes de su eventual discusión en los plenos parlamentarios.
Con esta propuesta, Acción Nacional busca establecer reglas claras para garantizar el derecho de réplica en las conferencias presidenciales, fijando tiempos de respuesta y sanciones específicas, con el propósito de fortalecer la libertad de expresión y evitar el uso de recursos públicos para desacreditar a ciudadanos, medios u organizaciones.