Audios filtrados, testimonios integrados a investigaciones de la Fiscalía General de la República y documentos decomisados por autoridades estadounidenses en Texas han revelado una serie de conexiones que relacionan a personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán con empresas y operadores señalados por sus posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La información, documentada por distintos medios, no demuestra que López Beltrán pertenezca al CJNG ni que haya cometido algún delito. Sin embargo, muestra un entramado que conecta negocios de balasto en Tabasco, operaciones de combustible y distintos puertos y aduanas del país.
La primera conexión aparece en audios atribuidos al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, identificado en diversas investigaciones como cercano a Andy y a su hermano Gonzalo López Beltrán.
En las grabaciones difundidas por Latinus, Olán habla de una posible asociación de su hermano Luis Alberto con una célula del CJNG que operaba en Veracruz y que estaba relacionada con Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, señalado por autoridades estadounidenses como operador del cártel en ese estado.
Los audios también muestran a Olán hablando sobre sus negocios de balasto y de instrucciones que habría recibido de Gonzalo López Beltrán para abastecer proyectos ferroviarios. Una de las líneas de investigación apunta a que esa estructura habría tenido contacto con grupos criminales que operaban en Tabasco y Veracruz.
La segunda conexión lleva hasta el buque Torm Agnes. De acuerdo con el testimonio de un capitán retirado de la Marina incorporado a una carpeta de investigación de la FGR, el barco transportaba diésel que habría sido declarado como aditivo de aceite.
El buque descargó parte de su carga en Ensenada y posteriormente se dirigió a Guaymas. Según el testigo, cuando cuestionó la operación recibió como respuesta que se comunicarían con el secretario de Marina para decirle que se trataba de un asunto de Andy.
La empresa que recibió el combustible, Intanza, ha sido señalada por fuentes de seguridad mexicanas como una presunta fachada vinculada al CJNG. La declaración, sin embargo, es un testimonio dentro de una investigación y no una resolución judicial que determine responsabilidades.
La tercera conexión aparece en Texas. Portacelis Gas and Oil, empresa relacionada con el entorno empresarial de Amílcar Olán, tuvo como primer proveedor a Ikon Midstream, compañía estadounidense investigada por autoridades de México y Estados Unidos.
Entre febrero y julio de 2025, Portacelis registró 444 operaciones de importación que representaron alrededor de 15.3 millones de litros de diésel procedente de Texas. Los movimientos pasaron por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo y por el puerto de Veracruz.
La conexión tomó mayor relevancia después de que autoridades estadounidenses catearan las oficinas de Ikon Midstream en Houston y decomisaran documentos relacionados con sus operaciones. Entre esos registros aparecieron transacciones con Portacelis.
La cuarta conexión corresponde a la postura de la FGR. El 17 de agosto, la Fiscalía aseguró que no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación contra López Beltrán por delitos relacionados con hidrocarburos.
La periodista Peniley Ramírez interpretó el comunicado como un desmentido parcial, al señalar que la Fiscalía no estaría afirmando que no existen menciones, testimonios o información relacionada con Andy, sino que esos elementos no tendrían la fuerza jurídica suficiente para abrir una investigación.
Hasta ahora, la FGR no ha confirmado públicamente una investigación penal contra López Beltrán.
Lo que muestran las investigaciones periodísticas es un mapa de conexiones que atraviesa Tabasco, Veracruz, Ensenada, Guaymas y distintas aduanas fronterizas, con empresarios, compañías de combustibles y operadores que han sido relacionados con investigaciones sobre huachicol fiscal y el crimen organizado.
La existencia de estas conexiones no equivale a una prueba de responsabilidad penal de Andy López Beltrán. El punto central ahora será determinar cuáles de estos vínculos pueden ser acreditados legalmente y cuáles corresponden únicamente a testimonios, relaciones empresariales o señalamientos todavía bajo investigación.
