La banca mexicana decidió implementar medidas de prevención, en las que activaron los sistemas antilavado después de que se dieron a conocer las acusaciones formales que enfrentan diez funcionarios mexicanos en Estados Unidos por narcotráfico. Los funcionarios morenistas fueron imputados por beneficiar a la facción de “Los Chapitos” para importar drogas a Estados Unidos.
Los sistemas antilavado tienen como objetivo monitorear de manera exhaustiva transacciones específicas para rastrear movimientos atípicos en diversas cuentas vinculadas al caso en el que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios están involucrados.
Debido a esto, las instituciones bancarias de México revisarán minuciosamente transferencias multimillonarias, depósitos en efectivo y operaciones internacionales que sean consideradas sospechosas. La medida tiene como fin congelar de manera preventiva recursos que tengan un posible origen ilícito no comprobable.
Las medidas preventivas son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual mantiene una comunicación estrecha con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para garantizar la transparencia en este proceso de revisión.
A pesar de que las autoridades federales mexicanas no han cedido ante la presión del Departamento de Justicia de Estados Unidos para llevar a cabo las órdenes de aprehensión en contra de Rocha Moya y los demás funcionarios, el sector financiero del país aceleró su respuesta debido a la presión estadounidense.
Por otro lado, se advirtió que implementar el sistema antilavado mientras el caso de los funcionarios imputados avanza protege la reputación de la banca mexicana, pues el incumplimiento de regulaciones internacionales podría generar multas multimillonarias para las instituciones financieras que operan en México.
Según la información, la banca mexicana además se arriesgaría a perder sus vitales corresponsalías con bancos clave en Estados Unidos.
La defensa de los funcionarios acusados ha declarado que el patrimonio de estos es completamente transparente y que se puede comprobar que tiene origen lícito. Además, los imputados han defendido su inocencia tras ser acusados de abusar de su poder para facilitar las operaciones del grupo del crimen organizado del que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, son líderes.
El sistema antilavado es un conjunto de políticas, procedimientos, leyes y herramientas tecnológicas que fueron diseñadas para evitar que el dinero obtenido de manera ilícita sea introducido al sistema financiero. De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las empresas financieras están obligadas a registrarse, identificar clientes y enviar informes al Servicio de Administración Tributaria para prevenir el flujo de dinero ilícito.