El pasado lunes, un acto de violencia irrumpió en el proceso electoral de México cuando Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, fue asesinada a tiros durante un evento de campaña en plena vía pública. Este lamentable suceso no solo enluta a la comunidad política, sino que también arroja preguntas incisivas sobre la efectividad del Estado en garantizar la seguridad durante el proceso electoral.
La tragedia golpeó a San Miguel Octopan, una comunidad que ha padecido los estragos de la delincuencia organizada en los últimos años, justo después de que Gaytán presentara su estrategia de seguridad. Este contexto sombrío refuerza la preocupación por la vulnerabilidad de los candidatos políticos ante la creciente ola de violencia en la región.
Lo más inquietante es que, minutos antes de su muerte, Gisela Gaytán había solicitado protección, revelando así la magnitud del riesgo al que se enfrentan los contendientes políticos en Guanajuato. En una conferencia de prensa, la candidata había mencionado el incidente previo que afectó a una candidata de Movimiento Ciudadano en Cortázar, lo que evidencia una escalada preocupante de violencia política en la región.
Las revelaciones posteriores arrojaron más luz sobre el caso. Durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela, informó que Morena había solicitado protección para sus candidatos en Guanajuato desde marzo, un mes antes del fatal ataque a Gaytán. Sin embargo, la respuesta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) fue desalentadora, indicando que el proceso aún no había comenzado.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la @SSPCMexico,
— Saga Noticias (@Saganoticias) April 2, 2024
reveló que la aspirante a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, había solicitado protección antes de su asesinato. pic.twitter.com/1pMbPw8GXS
Este desafortunado suceso ha avivado las críticas hacia las autoridades estatales. El Presidente López Obrador señaló que el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobierna en la entidad pero no ejerce un liderazgo efectivo en materia de seguridad. Por su parte, Ricardo Sheffield, ahora candidato al Senado por Morena y exaspirante a la gubernatura de Guanajuato, responsabilizó directamente a Rodríguez Vallejo por el asesinato de Gaytán, subrayando que la principal responsabilidad de un gobernador es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y candidatos políticos.
Este trágico incidente pone de manifiesto la fragilidad de la democracia mexicana y la urgencia de abordar la crisis de seguridad en Guanajuato. La violencia política no solo amenaza la integridad de los candidatos, sino que también socava la confianza en el proceso electoral y en las instituciones gubernamentales. Es imperativo que las autoridades locales y federales actúen con determinación para garantizar la seguridad durante el proceso electoral y brindar justicia a las víctimas y sus familias. La impunidad no puede ser la respuesta ante un acto tan cobarde y atroz.
