La bancada del Partido Verde en el Senado de la República propuso actualizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que la evaluación de las políticas de desarrollo social relacionadas con este sector de la población corresponda al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en concordancia con las recientes modificaciones al marco legal federal.
La iniciativa plantea reformar los artículos 4, 130, 132 y 134 de dicha ley para sustituir las referencias al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por el INEGI, luego de que las funciones de medición de la pobreza y evaluación de la política social fueran transferidas al instituto.
El Partido Verde señaló que esta actualización permitirá mantener congruencia entre las distintas disposiciones legales y evitar vacíos o contradicciones que puedan afectar la aplicación de las normas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes. La propuesta también establece que el Sistema Nacional de Protección Integral proporcione al INEGI la información necesaria para evaluar las políticas sociales dirigidas a este sector.
El instituto político destacó que niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos y que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar su protección integral. Por ello, consideró necesario contar con mecanismos institucionales que permitan medir y evaluar de manera adecuada el impacto de las políticas públicas destinadas a atender sus necesidades y garantizar sus derechos.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde sostuvo que mantener actualizado el marco jurídico permitirá fortalecer la coordinación institucional y mejorar la evaluación de las acciones gubernamentales relacionadas con la niñez y adolescencia. Con ello, se busca que las políticas sociales cuenten con información y mecanismos de evaluación que contribuyan a orientar de manera más adecuada las decisiones públicas en beneficio de este sector de la población.