La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, propuso fortalecer el marco legal para prevenir y atender de manera inmediata cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes dentro de los centros educativos, mediante reglas claras que obliguen al personal escolar a actuar ante hechos, indicios o sospechas y evitar que la falta de mecanismos precisos retrase la intervención de las autoridades.
La propuesta plantea modificaciones a la Ley General de Educación para que directivos, docentes y personal administrativo de todos los niveles educativos, incluidos los planteles particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial, tengan la obligación de denunciar de inmediato ante el Ministerio Público cualquier acto de violencia del que tengan conocimiento.
La iniciativa del Partido Verde también busca que el Estado fortalezca la prevención mediante la difusión de técnicas, medidas y conductas que permitan identificar posibles violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente frente a situaciones de violencia sexual en los entornos escolares, con el objetivo de facilitar su detección y atención oportuna.
Como parte del planteamiento, se propone considerar como infracción la omisión de denunciar de manera inmediata estos hechos y establecer sanciones para quienes incumplan con esta responsabilidad, con multas de entre mil y siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a fin de generar certeza jurídica y evitar que los casos queden sin atención por falta de actuación institucional.
El Partido Verde señaló que las comunidades educativas tienen un papel fundamental para detectar señales de violencia, escuchar y acompañar a las víctimas, por lo que resulta indispensable dotar al personal escolar de herramientas y obligaciones claras para intervenir, denunciar y contribuir a que niñas, niños y adolescentes estudien en espacios seguros y libres de violencia.