La actualización de los mecanismos institucionales para atender las violencias contra las mujeres plantea nuevos retos para las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Actualmente existen 26 declaratorias de Alerta de Violencia de Género en 23 entidades federativas, por lo que la Secretaría de las Mujeres trabaja en la revisión del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, vigente desde 2014.
Ante este escenario, el Partido Verde destacó que cobra relevancia la reforma constitucional impulsada por este instituto político y aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, que establece que las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas para investigar los delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres. La reforma continúa actualmente su proceso legislativo.
El proceso de actualización que impulsa la secretaría de las Mujeres busca fortalecer las Alertas de Violencia de Género como instrumentos para generar respuestas coordinadas, evaluar resultados y mejorar las capacidades de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia. Para ello, la dependencia contempla una mayor coordinación con fiscalías estatales y tribunales, además de capacitación especializada y armonización de las normas locales.
En este contexto, el Partido Verde señaló que la creación de fiscalías especializadas adquiere relevancia al plantear estructuras con personal capacitado y conocimientos específicos para atender e investigar este tipo de delitos con perspectiva de género. Explicó que el objetivo de la reforma de 2024 es que las entidades cuenten con áreas especializadas que permitan fortalecer las investigaciones y evitar que la atención dependa únicamente de mecanismos generales de procuración de justicia.
A estas acciones se suman recursos federales para las entidades que cuentan con Alertas de Violencia de Género. Para 2026 se contemplan más de 131 millones de pesos destinados a fortalecer medidas de prevención, seguridad y acceso a la justicia, así como la investigación ministerial y la incorporación de personal profesional con perspectiva de género para la atención y acompañamiento de las víctimas.