El uso de permisos clonados o reutilizados para encubrir la comercialización de madera extraída clandestinamente de los bosques del Estado de México evidencia la necesidad de combatir con mayor firmeza los delitos que dañan los recursos naturales. Ante esta problemática, el Partido Verde destacó la reforma que impulsó para aumentar las penas por delitos ambientales, entre ellos la destrucción de áreas forestales, con el objetivo de fortalecer su persecución y sancionar con mayor rigor estas conductas.
La reforma establece sanciones más severas para quienes destruyan áreas forestales, comercialicen ilegalmente especies, dañen ecosistemas o contaminen suelos y cuerpos de agua, entre otros delitos contra el ambiente. Su objetivo es reforzar el marco penal para inhibir actividades que deterioran el patrimonio natural y generar mayores consecuencias para quienes participen en ellas. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2025.
El llamado “blanqueamiento” de madera permite que producto obtenido mediante tala clandestina sea trasladado y comercializado como si procediera de aprovechamientos autorizados, mediante permisos clonados o utilizados más de una vez. Esta problemática se concentra en seis regiones forestales del Estado de México, entre ellas el Gran Bosque de Agua, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, la Sierra de las Cruces, el Nevado de Toluca, la región Izta-Popo y la Sierra de la Goleta.
El Partido Verde sostuvo que el endurecimiento de las penas contribuye a desalentar estas prácticas y a fortalecer el combate contra las redes vinculadas con la tala ilegal. Destacó que, con la reforma promovida por esta fuerza política, se busca que quienes destruyan los ecosistemas enfrenten sanciones de acuerdo con el daño ambiental ocasionado.