La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que seis mil 200 personas serían beneficiadas por la Ley de Amnistía que deberá aprobar el Senado en el próximo periodo de sesiones, que inicia en enero de 2020.
En rueda de prensa y conforme al dictamen aprobado por el Congreso, señaló que la amnistía se decretará para quienes hayan cometido el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido.
Además, a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción, siempre que la conducta delictiva se cometiera sin violencia y con el consentimiento de la madre; y a los familiares de la madre que hayan auxiliado en la interrupción.
En este marco, precisó que “según la estadística de población penitenciaria federal, no hay mujeres detenidas o sentenciadas por el delito de aborto en el ámbito federal, dado que este delito generalmente es de fuero común y está en la competencia de los Congresos locales”.
Sin embargo, “sí las hay en el ámbito local, por lo que es necesario contemplar esta hipótesis en la Ley de Amnistía aún bajo estudio de Dictamen de la Cámara de Senadores, porque la Segob promoverá que los Congresos locales, que las entidades federativas expidan sus respectivas Leyes de Amnistía, tratándose de delitos del orden local”, indicó la funcionaria.
Resaltó que como titular de la Segob y como mujer, “refrendo mi convicción de que la mujer que aborta lo hace por necesidad extrema, por algunas otras razones, por lo que penalizarla representa una profunda injusticia que debe ser corregida de todas aquellas mujeres que en el ámbito local se encuentren presas o indiciadas por esa conducta”.
Ello, toda vez que el texto establece que se decretará amnistía a las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hubiesen sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, toda vez que no sean reincidentes del delito.
Sánchez Cordero expresó que la ley también se aplicará en delitos contra la salud para personas en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad, exclusión discriminación, discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido con la indicación de su cónyuge o pariente o grupos de la delincuencia organizada.
“Muchas mujeres que introducen droga en las cárceles, en los reclusorios, precisamente cometen este delito por indicación de su cónyuge, concubinario o pareja sentimental, y que en muchas ocasiones están en extrema vulnerabilidad o pobreza o que hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizada a cometer estos delitos contra la salud”, detalló.
La amnistía aplica también cuando quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afro mexicana, así como para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato siempre que no haya sido con fines de distribución o venta.
De igual forma, se decretará amnistía por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Y, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, así como por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados bajo razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional.
Ello, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o empleado armas de fuego, refiere el documento.
La responsable de la política interna del país aclaró que, conforme al dictamen, no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego.
Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos graves del orden federal, ni por los delitos contra la salud. “Puedo decirles que no serán beneficiados por esta ley, el abuso o la violencia sexual en contra de menores o contra las mujeres, delincuencia organizada".
“Homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción -tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito-, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades”, anotó.
Tampoco podrán recibir los beneficios de la amnistía, el robo a hidrocarburos, esto es, los “huachicoleros, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, delitos cometidos por medios violentos con armas y explosivos, así como con armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército”, entre otros.
La titular de Segob, estuvo acompañada por el coordinador de asesores de la Segob, Jorge Alcocer y el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Sherer, quien detalló que la amnistía va a dejar subsistente la responsabilidad civil y a salvo de derechos de quienes puedan exigirla, así como el derecho de las víctimas.
Comentó que las personas interesadas o sus representantes, deberán presentar solicitud ante un órgano del Ejecutivo Federal, quien a su vez lo deberá hacer ante un Juez “y todo procedimiento puede ser impugnado. Esperamos que el Senado apruebe esta Ley en el próximo periodo de sesiones y se aprueben en las legislaturas locales".
Al evento, también acudieron las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman y del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, quien detalló que se contabiliza una veintena de mujeres en Chiapas, que podrían ser beneficiadas, luego de ser encarceladas por el delito de aborto.
