El proceso de transición hacia un nuevo sistema judicial en México ha tomado un impulso significativo con la reciente iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado. La propuesta establece un marco regulador para la elección popular de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.
Claudia Sheinbaum, acompañada de su consejera jurídica, Ernestina Godoy, en la mañanera de este lunes 7 de octubre, anunció el envío de modificaciones a dos leyes fundamentales: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas modificaciones buscan detallar y aclarar los procesos que no estaban suficientemente definidos en la reforma constitucional recientemente aprobada, cuyo objetivo es la elección directa de jueces, ministros y magistrados por parte de la ciudadanía.
Según Sheinbaum, la reforma judicial ya es una realidad. En su declaración, enfatizó que el proceso electoral para elegir a los nuevos integrantes del sistema judicial empezará en breve, una vez que las leyes secundarias sean aprobadas. El presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, ha declarado que este proceso será tratado de manera expedita, apuntando a que la modernización del sistema judicial es imperativa para una verdadera democracia.
🔴 Sheinbaum firma iniciativa para la elección de jueces y ministros
— Político MX (@politicomx) October 7, 2024
La presidenta @Claudiashein firmó las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;… pic.twitter.com/TxlU0UrgG4
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el proceso de selección de los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como otros cargos importantes. Las reformas proponen que estos procesos sean organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), garantizando así, en teoría, un enfoque neutral y profesional.
Las modificaciones buscan, supuestamente no solo mejorar la transparencia, sino también la legitimidad del sistema judicial, estableciendo comités de evaluación conformados por expertos en el ámbito jurídico que calificarán a los aspirantes a juzgadores. Estos comités examinarán sus perfiles, antecedentes y realizarán entrevistas públicas para asegurar un proceso justo e imparcial. Este enfoque debería garantizar que aquellos seleccionados cumplan con los estándares necesarios para ocupar cargos de alta relevancia en el ámbito judicial, pero muchos críticos han señalado que se politizará la impartición de justicia y que se destruiría la carrera judicial, necesaria para la profesionalización de la impartición de justicia.
🚨 Sheinbaum anuncia iniciativa para la elección de jueces y ministros
— Político MX (@politicomx) October 7, 2024
La presidenta @Claudiashein informó que @ErnestinaGodoy_ enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para la modificación a la ley general de procedimientos electorales para la elección de jueces,… pic.twitter.com/kt6UArs7JT
Al respecto, otro aspecto crucial de la iniciativa es la reiteración del compromiso por parte de la administración de garantizar un proceso electoral libre de financiamiento privado o público que pudiera influir en los resultados. El INE se encargará de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, asegurando la integridad del proceso electoral en su totalidad. A pesar de que la presidenta mencionó que el costo estimado de esta elección podría alcanzar los 5 mil millones de pesos, la expectativa es que este gasto se justifique por los beneficios a largo plazo de contar con un sistema judicial renovado y más cercano a la ciudadanía. Pero muchos lo ponen en dua.
Sin embargo, el camino hacia la implementación de esta reforma no está exento de obstáculos. La Suprema Corte ha recibido impugnaciones de parte de jueces y magistrados que cuestionan la legalidad de esta reforma judicial. Desde su anuncio, han surgido múltiples suspensiones judiciales en contra de la implementación del proceso electoral, lo que ha llevado al INE a interponer impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para garantizar que el proceso siga su curso.
En este contexto, los retos que enfrenta la reforma judicial son significativos, y podría incluso ser suspendida por la Suprema Corte. La creciente resistencia por parte de algunos sectores del poder judicial y la incertidumbre sobre la respuesta de la Corte a las impugnaciones planteadas, muestran que la transición hacia un modelo de elección popular de jueces requerirá no solo de un marco normativo sólido, sino también de un consenso político que apoye esta iniciativa, del que ahora carece.
Sheinbaum explica el costo de la elecciones de jueces y ministros
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La presidenta @Claudiashein informó que aún no se tiene establecido el costo real de las elecciones para elegir a jueces, magistrados y ministros, pues aunque se había hablado de un aproximado de 5 mil millones… pic.twitter.com/m9PTbfn1cg
