Julieta Ramírez Padilla, senadora morenista con licencia por Baja California y aspirante a la gubernatura de dicho estado para 2027, presuntamente estaría negociando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador. De acuerdo con el medio N+ Focus, la legisladora buscaría entregar información a cambio de obtener un beneficio.
El medio relató que tuvo acceso al proffer agreement entre la oficina del condado de San Diego del Departamento de Justicia y Julieta Ramírez, en el que se indicó: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”.
En el documento también se detalló que Ramírez Padilla aceptó participar en una reunión con la Oficina de la Fiscalía Federal de Estados Unidos para ofrecer pruebas y determinar si puede proporcionar información confiable.
Un proffer agreement es un contrato entre un fiscal y una persona investigada, que le permite entregar información acerca de un delito con el propósito de que el Departamento de Justicia no utilice esa declaración en su contra en un juicio futuro. En su acuerdo, la senadora con licencia se comprometió a reunirse con la autoridad estadounidense para que esta determine si la información que podría aportar es confiable y puede otorgarle un beneficio.
La información tomó relevancia porque a principios de 2026 existieron especulaciones sobre el retiro de la visa estadounidense a la legisladora morenista; sin embargo, el rumor fue desmentido por la propia Ramírez Padilla, quien calificó el hecho como el inicio de la “temporada de zopilotes” debido a las próximas elecciones de 2027.
Otro aspecto que llamó la atención fue la cercanía de Ramírez Padilla con la gobernadora Marina del Pilar, quien en julio reconoció haber intentado cooperar con el gobierno estadounidense después de que las autoridades le retiraron su visado para ingresar al país.
Además, esta no es la primera vez que señalan a la senadora por cooperar con Estados Unidos. En julio de este año, el medio Pie de Nota aseguró que Ramírez Padilla no contaba con visa, pues enfrentaba una investigación en dicho país y formaba parte de un grupo de funcionarios públicos que buscaban cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios.
Ramírez Padilla atribuyó las acusaciones en su contra a una campaña mediática contra su aspiración a la gubernatura de Baja California. Desmintió lo dicho por Pie de Nota y en agosto mostró su visado en un acto público.
Aunque la senadora no aclaró nada puntual sobre la investigación de N+ Focus, a través de su cuenta de X publicó un mensaje: “¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia... cortesía del Canal de las Estrellas”, concluyendo con la frase “Sonrían, seguimos adelante”.
La legisladora no afirmó ni desmintió la investigación, y la información sobre el proffer agreement no ha sido confirmada por ninguna autoridad hasta el momento.